Grisel Salazar

En las últimas dos décadas el número de periodistas agredidos y asesinados en México se ha elevado exponencialmente. La violencia criminal, los ataques esgrimidos desde el poder hacia los medios, la precarización del trabajo periodístico y la fragilidad del respaldo público hacia el gremio, son elementos que obligan a reflexionar sobre el papel de la prensa para la democracia y las posibilidades de ejercer un periodismo de calidad.

De acuerdo con el informe de Reporteros sin Fronteras para 2020, México encabezó la lista de países con mayor violencia letal contra los periodistas. Según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), entre 2010 y diciembre de 2020 se cometieron 90 homicidios contra periodistas en el país. Además del homicidio, se han documentado otros 36 delitos infligidos contra comunicadores, que en conjunto suman 1369 indagatorias para ese mismo periodo. Entre estos delitos, los más recurrentes son: las amenazas, el abuso de autoridad, robo, lesiones, y daño en propiedad privada. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el último informe disponible (2019) ha señalado que “las agresiones de personas defensoras y periodistas se han producido en contextos de especial o extrema vulnerabilidad”, destacando los casos de Veracruz y Tamaulipas. Además, se ha documentado que en 10.6% de los casos de homicidios de periodistas las víctimas son mujeres. Las agresiones contra las periodistas suelen padecer un tipo de violencia diferenciado, más cruento, enraizado en patrones de discriminación histórica, y que además suele incluir acoso y/o abuso sexual.

Frente a la creciente violencia directa e indirecta que enfrentan periodistas, y ante el deterioro de sus condiciones laborales, que constituye en sí mismo una forma de violencia estructural, es fundamental contar con información sobre las condiciones en las que los periodistas ejercen su profesión. Identificar las circunstancias que elevan el riesgo y, de esta manera, generar insumos para el mejoramiento de las políticas públicas que actualmente atienden este problema es un área pendiente de atender, pues más allá de las cifras sobre agresiones, carecemos de información sistemática sobre las condiciones que rodean y permiten la violencia, las estrategias de prevención o las consecuencias para los periodistas que han sido víctima de agresiones.

La violencia contra periodistas en México es un fenómeno complejo, permanente y multicausal que no puede entenderse de manera cabal si no se tienen en consideración las características particulares de las víctimas (género, condiciones laborales, coberturas asignadas, entre otras), y las características de las localidades en las que ocurren los delitos (tales como sus niveles de impunidad, grado de fortaleza institucional, presencia de otras violencias, entre otras).

Aunque institucionalmente se han emprendido esfuerzos relevantes para documentar la magnitud y la evolución de la violencia contra la prensa y para generar información que ayude a entender los factores que habilitan la proliferación y el mantenimiento de este fenómeno, estas iniciativas se han concentrado en documentar el hecho concreto de los delitos, dejando de lado información más amplia que ayude a entender las circunstancias que rodean a las agresiones. Aunado a esto, los repositorios gubernamentales se enfrentan con el problema de sub-dimensionar el fenómeno, puesto que un número desconocido de delitos que no se denuncian ante las autoridades, por desconfianza u otras razones, quedan sin ser documentados ni considerados en estas estadísticas. Además de lo anterior, y más allá del fenómeno estricto de la violencia, es notoria la falta de información sobre el gremio periodístico en nuestro país. No sólo ignoramos datos cruciales sobre las actitudes de los periodistas frente a las agresiones, sino que carecemos de repositorios confiables y actualizados sobre los datos más básicos de quienes ejercen esta profesión.

Para entender la violencia contra la prensa como una variante de violencia estructural es necesario remitirse a los elementos contextuales que permiten el surgimiento, la proliferación y la reproducción de actos violentos contra periodistas. Más allá de entender las agresiones como hechos aislados o como consecuencias no deseadas de fenómenos más amplios, la violencia contra periodistas debe analizarse en relación con ámbitos más extensos, que provienen del propio mundo periodístico, pero también de las esferas sociales, políticas, culturales y económicas.

El CIDE, a través de su programa de Periodismo, se ha sumado a varios proyectos que buscan precisamente colmar esos huecos informativos. En 2020, convocamos, junto con académicas de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Veracruzana al número “Condiciones laborales y de seguridad de los periodistas en contextos de violencia en Iberoamérica”, para establecer un diálogo con especialistas del campo del periodismo y la comunicación social que han emprendido estudios sobre la precariedad y los riesgos que enfrentan los periodistas que se desempeñan en América Latina, el Caribe, España y Portugal. ?La gran mayoría de los trabajos recibidos se concentraron en documentar la precariedad laboral de los periodistas, que constituye una de las formas menos frecuentes de enmarcar la violencia contra la prensa, pero que, sin duda, representa uno de los obstáculos más frecuentes y silenciosos que violentan la actividad periodística. La pandemia por covid ha profundizado estas precariedades, mostrando la falta de respaldo de las redacciones a sus trabajadores y la exposición a la que están sujetos por las propias dinámicas de trabajo.

Además, desde 2019, Periodismo CIDE se sumó al equipo México para Worlds of Journalism III, el mayor estudio transnacional realizado sobre las perspectivas y las prácticas de los periodistas, liderado por la Universidad de Munich. En un esfuerzo colaborativo sin precedentes, el estudió contará con más de 25 mil encuestas a periodistas de todo el mundo, para tener una mejor perspectiva sobre los retos actuales que enfrentan los periodistas y las organizaciones noticiosas; el lugar que ocupa el periodismo en la sociedad, la ética y la autonomía periodísticas, las influencias en la redacción de noticias, la confianza de los periodistas en las instituciones públicas, y la transformación del periodismo en su sentido más amplio. Los resultados estarán disponibles en 2022 y serán sin duda insumos fundamentales, no sólo para los investigadores, sino también para la formulación de mejores propuestas de política pública que se propongan la reducción de riesgos en contextos de amenazas y violencia y el mejoramiento de las condiciones laborales de los periodistas.

* La doctora Grisel Salazar es Profesora Asociada del CIDE y Coordinadora del Programa de Periodismo en esa misma institución. Su correo es maria.salazar@cide.edu Twitter: @griselsr