Opinión


Agua embotellada no debe estar en la canasta básica

Agua embotellada no debe estar en la canasta básica | La Crónica de Hoy

Delia Montero Contreras*

 

Recientemente el presidente López Obrador declaró que el agua embotellada iba a entrar en la canasta básica. El tema es sensible. En efecto, las familias de menores ingresos son las que más gastan en agua embotellada, pero no son las únicas, ya que el 90% de los mexicanos consume agua embotellada. México destaca a nivel mundial por ser el principal consumidor de agua embotellada con 390 litros por persona al año.

De acuerdo con los artículos 1, 4 y 115 de la Constitución, el Estado a través de diversas instancias garantiza que toda persona tenga acceso, disposición y saneamiento de agua para el consumo personal y doméstico, agua potable para consumo humano en cantidad suficiente, salubre y asequible. Las instancias responsables y más cercanas que deben cumplir con esta disposición son las municipalidades y los organismos operadores, que son los que distribuyen agua a los hogares. La evaluación de su trabajo, que debe ser una constante, no solamente es  fundamental sino que también sirve para ir ajustando políticas que no funcionan en determinados contextos, pero no lo han hecho en muchos años al grado que han llegado casi al punto de dejar hacer y dejar pasar, es decir, que si se compra agua embotellada cada vez más, no importa, se debe a otros motivos. La evaluación también serviría para plantear estrategias que ayuden a revertir el alto consumo de agua embotellada, del cual son en parte responsables, aunque no lo perciban de esa forma.

La incertidumbre poco a poco generalizada ha hecho que los ciudadanos tomen sus propias decisiones y hayan optado por una opción que consideran más segura, como el agua embotellada, que representa un gasto millonario para los hogares de todo el país, máxime si consideramos que representa únicamente el 0.22% del consumo total de agua en los hogares. Tan sólo los hogares de la Ciudad de México gastan anualmente más de cuatro mil millones de pesos en agua embotellada, que es casi el presupuesto anual destinado para este año a SACMEX. A esto habría que agregar las compras que se hacen en el sector gubernamental, oficinas privadas o escuelas, lo que resulta por demás escandaloso.

Otros actores importantes en el cambio de hábitos de consumo de agua de los mexicanos son las embotelladoras privadas, se trata de las transnacionales y las purificadoras que venden agua embotellada. Las primeras iniciaron operaciones en el país a mediados de la década de los ochenta como Danone (Bonafont) Nestlé (Santa María) y más tarde Coca-Cola (Ciel), PepsiCo (Electropura y E-Pura).

Entre purificadoras y transnacionales poco a poco han cerrado el círculo de consumidores en México, en el cual casi no hay competencia, ya que las primeras se orientan a un mercado de bajos ingresos que no es el más importante para las transnacionales, mientras estas últimas se orientan principalmente al segmento de medios y altos ingresos. Se puede decir que a nivel nacional abastecen 50% y 50% del mercado nacional. El hábito del consumo de agua embotellada se ha expandido a lugares como la sierra de Oaxaca, donde comunidades enteras compran agua embotellada teniendo el manantial a lado y sin contaminar, pero el problema es que no tienen certeza de la calidad del agua, esos pobladores ya olvidaron que hace diez años todavía tomaban agua para beber de ese sitio.

Las purificadoras, los pequeños negocios que se dedican a limpiar y vender agua embotellada, se han expandido a partir del año 2000 abriendo una oportunidad, si se puede considerar de esa forma, a las familias de bajos recursos al consumo de “agua purificada”, pero de dudosa calidad. El problema con las purificadoras, como en muchas otras cosas que suceden en este país, es que no están debidamente reguladas, no cambian seguido sus filtros, posiblemente muchas no estén registradas, no pagan impuestos, muchas de ellas se abastecen de agua de pipas, y se ubican principalmente en zonas de bajos ingresos con precios que oscilan entre los 7 y 15 pesos por garrafón. Las purificadoras operan de forma local, no tienen planes estratégicos de expansión, no tienen redes de distribución y posiblemente muchas operan en la clandestinidad. Sin embargo, han aparecido en todo el país y actualmente abastecen al 50% del mercado nacional.  De acuerdo con datos del INEGI del 2014, que son los más certeros que encontramos, a nivel nacional estaban registradas un total de 10,049 purificadoras en todo el país, la mayoría se ubica en zonas marginadas, que es su principal mercado.

Afirmar que el agua embotellada no debe entrar en la canasta básica es debido a que la fuente de abastecimiento de agua de los beneficiarios de programa son las purificadoras, que en muchos casos son negocios sin regulación, a lo que agregaríamos que el comercio de agua en pipas con las que muchas se abastecen es todo un misterio y corrupción. Ante el desconocimiento del Presidente de esta problemática, su declaración no hace más que reafirmar la informalidad de las purificadoras y la continuidad en la ausencia de controles sanitarios y fiscales, así como también la falta de transparencia que impera en municipios y organismos operadores que distribuyen agua potable, y asumir esto como reglas informales válidas. Poner a trabajar a organismos operadores y municipios que distribuyen agua potable de forma adecuada es una prioridad que beneficiaría no solamente a la población de bajos ingresos, sino a todo el país, ya que el 90% consume agua embotellada.

Difundir la información como señala el propio Presidente de la República es fundamental, pero el cambio institucional requiere más que eso, se necesita terminar con la corrupción que permitió que de pronto aparecieran cientos de purificadoras sin control, que no son más que prácticas ligadas al mal manejo de permisos, verificaciones y pipas. Evaluar a las purificadoras debería ser el primer paso, que los ciudadanos sepan dónde sí pueden comprar agua embotellada y donde no. Evaluar las funciones de municipios y organismos operadores es el complemento de su iniciativa, ya que de lo contrario no se estarían haciendo cambios verdaderos y resultaría, voluntaria o involuntariamente, reafirmar las cadenas de corrupción que existen también en el sector hidráulico.

 

*Profesora Investigadora del Departamento de Economía y Jefa del área de Investigación de Economía Institucional, Estado y Gestión Social de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Comentarios:

Destacado:

COLUMNAS ANTERIORES

LO MÁS LEÍDO

+ -