Desde que se redistribuyó geográficamente la Ciudad de México y se crearon las dieciséis delegaciones para lograr gobiernos más cercanos a la gente, los ciudadanos, a la primera persona que le solicitan o, en su caso, reclaman ha sido al delegado, ahora alcalde.

Lo anterior, es contradictorio con el ejercicio del servicio público ya que dicha cercanía con la gente debiera reforzarse con las herramientas jurídicas y legislativas necesarias para que un alcalde sea el primer funcionario en atender problemáticas que van desde algún desastre natural, hasta una situación de inseguridad o movilidad.

Por ejemplo, los habitantes de alguna alcaldía, al sentirse inseguros por haber sufrido algún asalto o robo en su casa, al primero que le reclaman es al funcionario más cercano a su domicilio y en este caso es su alcalde, sin tomar en cuenta que dicho servidor público es el que menos atribuciones tiene, toda vez que el mando de la  policía no depende del titular de la alcaldía sino del secretario de Seguridad Ciudadana.

Por si fuera poco, en materia de tránsito o movilidad, si un vehículo ha sufrido un accidente sobre una vía primaria, le corresponde al Gobierno de la Ciudad, pero qué pasa si éste mismo sucede en una vía secundaria; el alcalde no puede proceder a su retiro sin antes solicitarlo al gobierno central y así podemos irnos con varios temas, en donde los alcaldes siguen siendo limitados a podar árboles y tapar baches.

Caso contrario, en los demás estados, los municipios, por muy pequeños que sean, tienen el control de las finanzas y el de la policía, garantizando con ello, obra pública y mayor seguridad dentro de su territorio, cosa que no sucede en la ciudad capital por muy vanguardista que presuma ser.

Por ello, desde la Asamblea Constituyente, y conocedores de este problema, decidimos darles mayores facultades a los alcaldes en materia seguridad pública en el artículo 53 de Alcaldías, que a la letra dice lo siguiente:… (De las facultades exclusivas del titular de la alcaldía) “Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para tal efecto, el Gobierno de la Ciudad de México siempre atenderá las solicitudes de las alcaldías con pleno respeto a los derechos humanos. Proponer y opinar previamente ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, respecto de la designación, desempeño y/o remoción de los mandos policiales que correspondan a la demarcación territorial” así como “ejercer funciones de supervisión de los mandos de la policía preventiva, dentro de su demarcación territorial, de conformidad a lo dispuesto en la normatividad”.

Por si fuera poco en materia presupuestaria a los alcaldes también se les facultó de autonomía toda vez que en el mismo artículo se dejó plasmado que las alcaldías “estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales de las personas trabajadoras al servicio de las alcaldías y la Ciudad”, facultades que por falta de leyes reglamentarias no se han se han podido concretar por el retraso en la agenda legislativa.

De cualquier forma, los alcaldes, aun con dicho respaldo constitucional no hemos podido ejercer nuestras facultades y somos a los que más nos reclaman y somos los que menos atribuciones tenemos, y quiero pensar que es por asuntos legislativos, y no políticos. Ojalá este retraso obedezca a una desorganización en el Congreso local toda vez que los que se están viendo afectados no son los alcaldes, sino los mismos ciudadanos que votaron por cada uno de los que están ocupando una curul en la Primera Legislatura.

Ante ello, de muy poco sirve que al término de la primera Constitución capitalina, organismos internacionales, hayan enaltecido los trabajos de los Constituyentes al reconocer su trabajo como uno de los más innovadores del mundo al entregarle al pueblo capitalino, una de las cartas magnas más garantistas que hayan existido, al incluir los tratados internacionales de los que México es parte.

Incluso, analistas de algunas universidades especializadas calificaron a nuestra Constitución como de avanzada por todos los logros que ahí se habían quedado plasmados y exigidos desde hace décadas mediante protestas, luchas y sangre.

Logros que reitero, por un asunto de poca destreza legislativa, se han quedado rezagados limitando los derechos a los pueblos y barrios originarios, a la población vulnerable y a la ciudadanía en general, por lo que los temas pendientes deberían ser prioridad, por el bienestar de todas y todos los que habitamos esta gran ciudad capital.

Twitter: @julioc_moreno