La táctica del balconeo en las conferencias presidenciales funcionó: 4 de los 5 institutos nacionales y hospitales federales de alta especialidad que se negaban a firmar el convenio de gratuidad con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) cambiaron de postura y lo signaron ya; sólo se mantiene pendiente el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), contra cuyo director: Miguel Ángel Celis, se dirigieron ayer las presiones.

“Es el único que no quiere la gratuidad, lo llamo a que recapacite, porque tiene ahí contratos por más de 600 millones de pesos en servicios y medicamentos. Ya se termina todo eso, ojalá de manera voluntaria se adhieran todos al plan, nada por la fuerza”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En los últimos días se sumaron el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Juárez de México, el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde la semana pasada se desató la persecución contra el director Jaime Nieto Zermeño, acusado de orquestar el desabasto de medicamentos contra el cáncer infantil en beneficio de la empresa PiSA, motivo incluso de una investigación en la Secretaría de la Función Pública.

Ahora tocó el turno a Neurología… Según Gustavo Reyes Terán, Coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, el INNN firmó en diciembre de 2017 un contrato de tres años con la Farmacéutica Phoenix —el cual vence hasta noviembre de 2020— para el servicio de abastecimiento de medicinas, material de curación, equipo quirúrgico y otros insumos. El monto fue de 622 millones de pesos.

“En este momento lo que dice el Instituto de Neurología es: ‘quiero seguir con este contrato’. Queremos que todos estén convencidos de que estamos haciendo un bien para la población, si un instituto en particular no visualiza eso, nos habla de la importancia de identificar prioridades: para nosotros la prioridad es la salud y no los contratos o negocios”, apuntó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y vocero federal en la materia.

Subrogaciones como la del INNN, dijo, “llevan a la fragmentación del esfuerzo y sobreprecios, y no garantizan la calidad. No vamos a poner en riesgo la continuidad de operaciones de la salud, pero tampoco nos vamos a quedar atados de manos contemplando este sistema que nos parece completamente desfavorable para proteger el interés público y las finanzas”.

En México operan 23 institutos y hospitales federales de alta especialidad y, en al menos la mitad, se han detectado contratos de este tipo, con particulares. En todos los casos, se han abierto ya expedientes de investigación en la SFP.

“Los hospitales estaban tomados por las empresas, los directores de algunos institutos y hospitales tenían en sus oficinas hasta los emblemas de las empresas. ¿Y qué han hecho ahí? Poner cartulinas y echarme la culpa a mí, de manera inmoral, están muy molestos los que tienen los negocios de la venta de medicina y cobro de cuotas”, reprochó el Ejecutivo.

Sobre el caso específico de Neurología, Reyes Terán ironizó sobre las deficiencias del servicio brindado por la empresa Phoenix: “No debería haber falta de medicamentos esenciales, tampoco de reactivos para laboratorio, para el diagnóstico de enfermedades y servicios de mantenimiento de equipos; no deberían estar descompuestos los elevadores ni equipos como tomógrafos y resonadores”…