Alguno de las dos miente y más nos vale que sea el segundo. Durante la ceremonia de toma de protesta de los presidentes en México, el eje central es el pasaje que dice en el que “Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución”, si no lo hace que el pueblo se lo demande. Ahora con su célebre memorándum sobre la Reforma Educativa el presidente que hace apenas unos meses juró cumplir la Carta Magna, pide a tres de sus principales colaboradores que no la cumplan, que la ignoren, que se la pasen por el Arco del Triunfo para obtener un improbable triunfo político al meter a los activistas de la CNTE al redil de la Cuarta Transformación.

Sus adversarios dicen que el presidente gobierna a partir de ocurrencias, ideas que él juzga geniales por unas horas en las que pone en marcha la pesadísima maquinaria gubernamental. Unas horas después la idea genial muestra su cara de ocurrencia peligrosa, pero si es difícil echar a andar la maquinaria es mucho más complicado detenerla.

Ahí está el penoso ejemplo del senador Ricardo Monreal. Un político curtido en mil batallas y usualmente sensato, que se metió al retruécano del Memo y ya empezó a decir barbaridades con tal de no dejar solo al presidente. De modo que llegamos al Viernes Santo con dos de los hombres más poderosos del país dispuestos a violar y hacer violar la Constitución sin preocuparse en lo más mínimo de las consecuencias, porque tienen tanto poder que les tiene sin cuidado las críticas o descalificaciones, comenzando por las críticas de la prensa a la que pueden triturar en las conferencias mañaneras o en las tardes durante la repartición de publicidad gubernamental.

Lo más lamentable de todo es que el presidente redactó su memo buscando congraciarse con la CNTE, un grupo dedicado desde hace años a la extorsión política, no a la educación y mucho menos a la educación de calidad. Para que esos tipos le sonrían y le den una palmadita en la espalda el presidente está corriendo un riesgo gravísimo que podría descarrilar su gobierno y 18 años de Morena en el poder. Es demasiado riesgo por tan poco. La CNTE no lo vale.

Lo primero sería que desde el próximo lunes las negociaciones entre la CNTE y el gobierno fueran públicas. Que se transmitieran por radio, televisión e internet, que hubiera periodistas presentes. Es necesario escuchar lo que los activistas demandan y lo que el gobierno quiere concederles con tal de que no hagan pucheros. ¿Es tan importante satisfacer a los activistas como para arriesgarla la estabilidad del gobierno? Claro que no. Hasta donde se sabe se les ha dado demasiado, pero ellos quieren más. Saben que pincharon en blandito y se quieren ir con todo. Quieren controlar por lo menos la mitad de las plazas, o sea la entrada de nuevos maestros al sistema educativo y controlar su movimiento, hablo de sus ascensos, a lo largo de sus carreras. Quieren ser, en suma, juez y parte; empleadores y empleados. Tener dos camisetas y acumular recursos. O al menos eso se dice que quieren porque las negociaciones son secretas, a la antigüita, como antes. Antes funcionaba así: los activistas comenzaban presionando a los gobiernos locales, de ahí pasaban a nivel federal, marchas y caos en la capital, largos periodos sin clases, presión de los medios al gobierno por no resolver el problema, negociaciones en lo oscurito y entrega de un maletín repleto de dinero en el estacionamiento subterráneo de alguna dependencia pública, de preferencia la Secretaría de Gobernación allá en Bucareli.

Eso era antes, o eso cuenta la leyenda. Lo importante en todo caso es saber cómo es hoy, cómo se están arreglando. Por lo pronto, el presidente puso entre la espalda y la pared a tres de sus secretarios de Estado, los de Hacienda, Educación y Gobernación. Intriga saber cómo le hará la secretaria Olga Sánchez, que no hace mucho era integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para actuar las órdenes de su jefe sin incurrir en delitos. De seguro algo se les ocurre, pero eso no es lo importante, lo que preocupa es que personas inteligentes como Moctezuma, Monreal, Urzúa o la misma Olga, tienen que dar piruetas en el trapecio sin red protectora con tal de no distanciarse del presidente que se la pasa haciendo berrinche.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se subió al tren de memo. Hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a rectificar las instrucciones que dio para desacatar los lineamientos de la Reforma Educativa, giradas a través de un memorándum que envió a las secretarías de Gobernación, Educación y Hacienda y Crédito Público. La falta de observancia de dicha reforma, plasmada en la Constitución, va en contra de la obligación del Estado de velar por el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

En un comunicado, el organismo público fijó en seis puntos su posicionamiento frente al memorándum de López Obrador, e hizo un “respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo Federal para que en cumplimiento a la protesta que hizo al asumir el cargo, así como a las obligaciones constitucionales inherentes al mismo, rectifique las instrucciones que ha girado y, considerando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, emprenda las acciones conducentes, en el marco de la ley, para hacer vigente y garantizar debidamente el que el derecho a la educación sea una realidad en el país”.

La educación, sostiene la CNDH, es un derecho humano reconocido por la Constitución y por los instrumentos internacionales a los que México se ha adherido, recordó la obligación del Estado de garantizar ese derecho, sobre todo a niñas, niños y adolescentes, “con independencia de coyunturas políticas o diferendos ideológicos” la instrucción dada en el sentido de dejar de aplicar los contenidos constitucionales y realizar el manejo de diversos aspectos y cuestiones vinculadas a la educación mediante procedimientos y medios ajenos a los previstos por la Constitución y las normas, modifica y acota los términos y condiciones en que el derecho a la educación puede ser vigente”.

Para la CNDH, nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y se ordene desde las instancias de poder que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar, lo que –recalcó– resulta violatorio a los derechos humanos.

“La ley, la educación y la vigencia de los demás derechos humanos no pueden ser botín o moneada de cambio ante intereses políticos económicos o de cualquier índole”.

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