Nueve de cada 10 reos considerados de alta peligrosidad e ingresados por delitos federales al penal de Aguaruto, Sinaloa, están amparados por un juez federal para no ser trasladados a una prisión de alta seguridad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

En los últimos años, el número de presos con este beneficio ha fluctuado entre 450 y 500, la mayoría ligados a actividades de narcotráfico y, en específico, al cártel del Chapo Guzmán.

En algunos casos, los reclusos sí fueron enviados a penales administrados por la Federación, pero los recursos judiciales les permitieron el retorno; en otros, se les protegió en el proceso de cambio.

De este centro carcelario, bajo el mando del gobierno sinaloense, escaparon 51 internos el pasado jueves, cuando células de la organización del Chapo desataron violencia en la ciudad de Culiacán y otros municipios para evitar la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del capo.

En los últimos 15 años se han registrado más de 50 evasiones del lugar. Entre las últimas con mayor resonancia están las ocurridas el 16 de marzo de 2017, cuando escaparon Juan José Esparragoza Monzón, alías El Negro e hijo de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul (quien había sido detenido apenas dos meses atrás, el 19 de enero y se encontraba recluido en un área de seguridad mínima), y cuatro cómplices: Rafael Guadalupe Félix Núñez El Changuito Ántrax, Jesús Peña González El 20, Alfonso Limón González  El Limón y Francisco Javier Zazueta Pancho Chimal; entre estos colaboradores había quien estaba en Aguaruto por favores de jueces.

Y el 22 de julio de 2018, cuando se evadieron por la puerta principal Julián Grimaldi Paredes y Jesús Salomón Higuera El Macaco, operadores financieros del narco. Ambos también habían sido amparados para no ser movidos.

La fuga de marzo de 2017 se dio tan sólo dos meses y medio después de la llegada a la gubernatura del priista Quirino Ordaz Coppel. “Es una muestra de la debilidad del sistema penitenciario, del rezago, corrupción y complicidad que existe y a eso le tenemos que dar la vuelta”, señaló entonces y anunció el cese del director penitenciario y de una decena de custodios.

Un día después del suceso, su administración ofreció un informe sobre el estado de la cárcel de Aguaruto, la cual, de manera histórica, ha sido controlada por el grupo de Guzmán Loera, de ahí el interés de cientos de sus integrantes capturados por ser remitidos ahí.

“Se ha detectado la herencia de una serie de graves deficiencias en la operación de dicho Centro, cuya infraestructura es deplorable y, en consecuencia, se torna frágil e inoperante para cumplir sus funciones —se relató en el reporte—. Las medidas de seguridad que se vienen aplicando son sumamente endebles con videocámaras insuficientes; no cuenta con inhibidores de llamadas de teléfonos celulares de los reos hacia el exterior; el personal con que se cuenta es insuficiente; hay custodios asignados no capacitados y con bajos sueldos, además con equipamiento de seguridad no óptimo ni en cantidad pertinente”.

Sin embargo, en ese mismo escrito, se comprometió a superar “con prontitud” esas deficiencias, porque “este gobierno no tolerará actos constitutivos de un delito ni de aquellos que asomen la sola sospecha de corrupción”.

Se abrieron dos investigaciones ministeriales en torno a los hechos: una dirigida por la entonces PGR y otra por la Fiscalía local, pero ninguna tuvo resultados positivos.

A la luz de lo acontecido en días pasados, aquellas promesas del mandatario estatal fueron palabrería… Continuaron los desperfectos en los videos de vigilancia, las caídas del Centro de Cómputo, Comando y Control (C-4), la falta de registros de visitas o bitácoras y la ausencia de custodios en horas cruciales.

Ordaz Coppel ha referido en sus dos informes anuales presentados hasta ahora inversiones cercanas a los 200 millones de pesos en el sistema penitenciario de la entidad. Su programa de reestructura, presumido en noviembre de 2017, planteó fortalecer la estructura física con el propósito de “garantizar la seguridad de las personas privadas de su libertad, el cumplimiento de las resoluciones judiciales y de las medidas disciplinarias internas”, optimizar las tecnologías de la información “para la detección, monitoreo, vigilancia y supervisión de las actividades y la prevención, así como la detección oportuna de incidentes en las instalaciones” y profesionalizar al personal.

Y en noviembre de 2018 informó de un financiamiento millonario para adquirir “un transformador eléctrico que permita la continuidad en el suministro de energía eléctrica en el penal de Aguaruto, donde se han instalado un Centro de Control y un Sistema de Videovigilancia, así como tecnología de punta para revisión de vehículos y personas”.

Todo fue una simulación… En su último reporte sobre centros penitenciarios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró el semáforo en rojo y la baja calificación para los cuatro de Sinaloa, incluido Aguaruto. De éste, emitió alertas en garantías a la integridad personal del interno, estancia digna y condiciones de gobernabilidad, es decir, lo ubicó en la lista de prisiones con autogobiernos, “donde los reos realizan o participan en actividades propias de la autoridad”.

CARACTERÍSTICAS DEL PENAL DE AGUARUTO, SINALOA•  Hacinamiento.

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección.

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro.

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.

• Ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad.

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias.

• Presencia de actividades ilícitas.

• Presencia de cobros (extorsión y sobornos).

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados.

Fuente: informe CNDH 2019