No disfrutaremos la seguridad sin desarrollo,
no disfrutaremos el desarrollo sin seguridad,
y no disfrutaremos ninguna sin el respeto
por los derechos humanos.
Kofi Annan

Un día como hoy hace 103 años, en el DOF se publicó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, desde entonces, ha sufrido más de 740 reformas, entre ellas, la del 29 de enero de 2016 por la que el DF se transformó en una entidad federativa denominada Ciudad de México, dotada de autonomía en su régimen interior y organización política y administrativa. El 5 de febrero, un año más tarde, habría de publicarse en la Gaceta Oficial la primera Constitución Política de la Ciudad de México.

En conmemoración del Tercer Aniversario de la aprobación de la CPCDMX por parte de la Asamblea Constituyente, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México realizó un foro que contó con la participación de Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de ese organismo autónomo; Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Justicia; Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso y Javier Raúl Ayala Casillas, presidente de la Sala Constitucional, todos de nuestra Ciudad. Ahí se destacó el avance que la Constitución representa en la protección de los derechos humanos.

En efecto, nuestra Constitución se distingue por su amplia carta de derechos humanos, reconocidos de los artículos 4 al 14, donde se incluyen derechos básicos como identidad, salud, educación, vivienda, familia, integridad, libertad de expresión, pero también otros como los sexuales, reproductivos, de creencia, a la buena administración, privacidad y protección de datos personales, información, a un gobierno democrático, participación política paritaria, a la ciencia e innovación tecnológica, además de particularizar a los grupos de atención prioritaria como las personas LGBTTTI, migrantes, víctimas, en situación de calle, afrodescendientes y sujetas de protección internacional, entre otras.

Por otro lado, sin embargo, debemos reconocer que el cumplimiento pleno de la Constitución ha sido paulatino, principalmente en lo que respecta al diseño y entrada en vigor del marco jurídico reglamentario, así como en la implementación de instituciones creadas a partir de ella. Como botón de muestra tenemos a la propia Fiscalía General de Justicia que, desde el nombramiento de los integrantes de la Comisión Técnica para la transición de PGJ a FGJ, hasta la designación de la primera Fiscal autónoma, se concretaron de forma extemporánea partiendo de los plazos fijados constitucionalmente.

También tuvimos desfases significativos en la implementación de la Sala Constitucional (un año de demora), la tardía expedición de leyes como la de Educación o la de Planeación, cuya entrada en vigor estaba prevista como máximo para el 30 de abril de 2019 y, no obstante, esta última Ley fue aprobada apenas en diciembre del año pasado. Otro descuido, si se quiere menor, pero descuido al fin, es la falta de adecuación nominal del orden jurídico de nuestra Ciudad, por ejemplo, el Código Penal que, aunque ya fue objeto de cuatro reformas posteriores a la conversión del DF a CDMX, permanece como perteneciente al extinto Distrito Federal.

Sin demasiado esfuerzo podríamos señalar otros aspectos pendientes, pero más que ello ahora nos mueve la importancia de haber superado una naturaleza jurídica sui generis, contar con una Constitución de avanzada, repleta de derechos y de libertades connaturales pero conquistados a base de largas e intensas luchas.

Los regímenes normativos de transición son siempre complicados por la coexistencia de normas y procesos diversos, por el choque y la resistencia que eventualmente generan. Por encima de ello se erige el propósito común de jalar parejos. Que las instituciones funcionen como deben y se constituyan como auténticos y efectivos mecanismos para ejercer los derechos de los que por antonomasia somos titulares.

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM
@capastranac