Las agencias calificadoras de riesgo proveen a los inversionistas de información que les permite estimar si los emisores de bonos, o de otros instrumentos de deuda (o de acciones) tienen capacidad para hacer frente a sus obligaciones de pago. Para la expedición de sus calificaciones, esas agencias llevan a cabo un análisis exhaustivo, que aspira a ser objetivo e independiente, y que evalúa a las empresas y gobiernos que generan esos instrumentos.

Los aspectos que valoran esas agencias, en el caso de la denominada deuda soberana, que es la que emiten los países, son: condiciones económicas, volumen de inversión pública y privada, transparencia del mercado de capitales, reservas monetarias, estabilidad política, y estabilidad económica durante transiciones políticas. La calificación que se otorgue a la deuda soberana determina, a su vez, la calificación crediticia que se concederá a las empresas del país respectivo. El resultado de esas evaluaciones condiciona los niveles de riesgo a los que podrían estar sujetos los potenciales inversionistas. En consecuencia, esas mediciones determinan, en buena medida, el flujo y costo de los recursos financieros.

De modo tal que, una baja calificación crediticia encarecería el acceso a recursos frescos de endeudamiento para el financiamiento de nuevos proyectos y, en consecuencia, reduciría las expectativas de crecimiento económico. Para quienes ya tienen una deuda contraída, una mala calificación crediticia elevaría los intereses que se deben pagar, con el consecuente debilitamiento de su potencial económico. De ahí la importancia de las calificaciones que otorguen esas agencias para la salud económica de un país o de una empresa. También debe señalarse que esas agencias han estado bajo la aguda crítica y el escrutinio severo de las autoridades reguladoras norteamericanas, a través de la Securities and Exchange Commission (SEC), sobre todo a partir de la crisis económica global de 2007 y 2008, debido a la convicción de que sus calificaciones fueron descuidadas y benevolentes, y fueron factor importante para conducir al quebranto a miles de inversionistas, al extremo de que esas agencias pueden ser demandadas por evaluaciones negligentes o impropias que causen daño a un inversor. De ahí que, actualmente, sus evaluaciones sean más cautelosas (es decir, con tendencia a sobreestimar los riesgos).

Las principales agencias calificadoras, a nivel mundial, son: Fitch Ratings, Moody’s Investors Service y Standard & Poor’s (S&P).

En el caso más reciente, la calificadora S&P, aunque mantuvo vigente la calificación crediticia de la deuda soberana de México (en BBB+), advirtió que en el lapso de un año esa calificación podría, si no se corrigen sus causas, bajar dos escalones (a BBB-). Esa advertencia debe ser tomada seriamente en cuenta, aunque la baja de la calificación no se haya materializado aún.

La perspectiva negativa que percibe S&P se basa en la conjunción potencial de dos factores: un crecimiento en el volumen de deuda y la previsión de un bajo crecimiento económico, lo que puede conducir a erosionar la calificación de la deuda soberana de México.

El segundo de los factores, el del crecimiento económico, tiene una elevada complejidad para su solución, pues depende de factores internos y externos. En el frente interno, los saldos de la semana que concluye han sido particularmente positivos dados los compromisos acordados con los empresarios, en cuanto a metas de crecimiento económico (4 por ciento), abatimiento de la pobreza extrema y combate a la corrupción. En el frente externo la amenaza de una recesión global está presente. La desaceleración de la economía alemana (la primera economía europea) y de Italia (tercera economía de esa región), aunado a la aún no resuelta disputa por el brexit, el bajo crecimiento de China y la incertidumbre respecto de si la economía norteamericana podrá recuperar, bajo su nueva política aislacionista, su papel en la economía mundial, conforman un escenario incierto respecto del crecimiento económico internacional, no sólo de México.

El primer factor, y quizá el más importante en el análisis de S&P, tiene que ver con su argumento respecto del cambio en políticas públicas del gobierno de México en el sector energético. Cabe señalar que Pemex padece una añeja debilidad financiera que tiene su origen en políticas gubernamentales que, intencionalmente y por décadas, han erosionado a esa empresa del Estado y que la condujeron no sólo a adeudos que la asfixian, que se cifran en la friolera de 105 mil 800 millones de dólares, sino que han minado sus activos, llámense instalaciones o producción y reservas de hidrocarburos.

A ese respecto, el 15 de febrero, el gobierno anunció un plan de apoyo para Pemex, que consiste en una inyección de recursos por 107 mil millones de pesos en 2019. La medida más importante es un incentivo fiscal de 15 mil millones de pesos. Aunque esas medidas son relevantes, S&P asume que se materializará ese apoyo gubernamental a Pemex y que, dado el incremento de esa deuda contingente, se afectará la calificación de la deuda soberana de México.

Es por ello urgente actualizar el Plan de Negocios de Pemex, emitido en 2016, para que exprese de manera nítida que esa empresa productiva del Estado tendrá las capacidades suficientes para, con base en planes y programas que incrementen su eficiencia operativa, con medidas inmediatas que fortalezcan sus activos y alivien su deuda, garantizar por sí misma, aunque con el aval del gobierno, el cumplimiento de todos sus compromisos financieros.

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