Las comisiones unidas del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron sin cambios la minuta enviada por la Cámara de Diputados que regula la Subcontratación Laboral, conocida como “outsourcing”.

Esta reforma sanciona esta práctica como defraudación fiscal y establece un tope para el pago de utilidades.

Se establece una multa de 4,481,000 pesos a las empresas que violenten esta reforma.

Los cambios a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Infonavit, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, limitan la figura de la subcontratación de servicios y prohíbe la subcontratación de personal.

Sólo se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas en el gobierno.

La subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, deberá formalizarse mediante contrato por escrito y las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán tener registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Establece el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, que tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.

La oposición se manifestó a favor de la reforma, porque representa una gran avance en la protección y defensa de los derechos laborales.

“Hasido el resultado de un acuerdo entre la representación tripartita del gobierno, la representación empresarial y la representación sindical. (…) Arribar a una transición que será benéfica para todos. Benéfica para el sector privado, porque la subcontratación que va poder existir, pero de una manera justa, estará fuera de toda sospecha. Para el sector de los trabajadores, lo más importante, porque quien sea contratado para una tarea bajo este esquema, tendrá todos los beneficios de la ley y para el sector público porque las contribuciones derivadas de los salarios de los trabajadores fortalecerán las finanzas públicas”, aseveró la priísta Claudia Ruiz Massieu

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD consideró que regular el outsourcing es un paso sustanciall pues se busca no no haya subcontratación fraudulenta.

“No es que la subcontratación de suyo sea ilegal o sea mala, está en la propia ley. Sino que se abusó y se abusó de la figura para efectos fiscales y eso bueno llevó a una afectación doble, a una afectación tanto de de los trabajadores y trabajadoras, como del propio Fisco federal”.

El senador del PAN, Damián Zepeda celebró que se acote esos márgenes que permitían abuso contra los trabajadores.

Esta ley endurece las sanciones para los patrones que nieguen el desahogo de inspecciones, así como aquellas que utilizan la subcontratación en contravención de las leyes establecidas.

Se detalla que el patrón que no permita la inspección y vigilancia a las autoridades se le notificará para que comparezca a exhibir toda la información requerida.

De no hacerlo, se presumirá que no cuenta con ella.

De volver a impedir el desahogo de la inspección, el patrón podrá ser sancionado con una multa de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, 22,400 a 448,100 pesos.

A quien realice la subcontratación de personal, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente, se les impondrá multa de 2,000 a 50,000 veces el valor de la UMA.

El gobierno argumenta que hay empresas que tienen hasta 250,000 trabajadores bajo el esquema de outsourcing, con lo que logran evadir impuestos y eludir sus responsabilidades laborales.

Según estimaciones oficiales la subcontratación laboral afecta por lo menos a 4 millones de trabajadores.

Con esta reforma se pretende que el erario público recupere 21 mil millones de pesos anuales.