En su primera sesión, la LXV Legislatura debatió durante más de ocho horas la iniciativa de Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia que fue aprobada por los votos de la coalición Juntos Hacemos Historia en la que se establece que se requerirá de mayoría calificada de la votación para dar paso a una declaración de procedencia contra el Presidente de la República, quien podrá ser acusado y juzgado por traición a la patria, delitos electorales y corrupción y ser enjuiciado "como cualquier ciudadano".

La mayoría legislativa de Morena y sus aliados del PT y Verde Ecologista dieron 266 votos a favor, 205 en contra del documento que también establece la obligación de los Congresos locales de acatar "en estricta observancia" la resolución de la Cámara de Diputados en casos de desafuero de funcionarios estatales, esto con el fin de no permitir que se repita un tema como el del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue desaforado, pero el Congreso local impidió con una maniobra de reforma de último momento que el mandatario estatal quedará en manos del Ministerio Público.

Tras la votación en lo general, los diputados de diversas bancadas presentaron 60 reservas con 40 oradores, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, del PT, que subió a tribuna para exponer su medicación a dos artículos referentes a la persona titular del Ejecutivo.

Planteó que debe haber dos terceras partes de los votos del pleno y para proceder tiene que estar de manera presencial en el Salón de Plenos y se "respetará siempre la presunción de inocencia".

En total cuatro artículos (19, 33, 37 y 41) tuvieron cambios dentro del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Fernández Noroña presentó reservas para modificar los artículos 19 y 33 del decreto (los procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia las sesiones “serán siempre de carácter presencial, estando obligados las y los diputados a estar en ellas”).

También para modificar el artículo 37 —en el cual se estipulan los delitos por los que el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado en el tiempo de su encargo— e incluir “respetando siempre el principio de presunción de inocencia".

Y el artículo 41, para estipular que para aprobar o no la resolución sobre la probable responsabilidad de la persona titular de la Presidencia de la República en la comisión del delito o delitos de que se le acusa, se requiera la mayoría calificada de las dos terceras partes de las senadoras y senadores presentes.

En contra de avale este dictamen se pronunciaron Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano, quien sostuvo que se da protección especial al Presidente con “estrategias de propaganda”, porque se dice que quieren una ley más fuerte para el desafuero para que la oposición reaccione y digan después que se está protegiendo a los corruptos.

También el panista José Elías Lixa Abimerhi, que indicó que con estas reservas se crea un régimen de excepción para la o el Presidente, pues se genera una protección especial al requerir una votación de dos terceras partes.

"Es un funcionario público protegido por el fuero y lo que proponen es que no sea juzgado como cualquier otro”.

El dictamen avalado en San Lázaro fue enviado al Senado para su análisis y discusión.