El gobierno mexicano se halla ante una oportunidad de oro, quizá irrepetible, para —¡por fin!—acometer sin riesgos de represalias ni reclamo gringo la solución del problema del tráfico de drogas y su secuela de sangre y degradación social e institucional.

Esta inesperada coyuntura surgió de los amagos de guerra comercial por el desquiciado Donald Trump, quien consideró “una declaración de grandes ligas" y “algo realmente espectacular" su amenaza de aranceles, que significaría quebrar por el espinazo la economía mexicana.

Frente a esta inadmisible intimidación lo procedente es la legalización de todas las sustancias ilícitas. Decisión ésta que podría adoptarse en cualquier momento, con base en nuestra soberanía; pero que es mejor cortésmente comunicar en aras de la vecindad.

La legalización significaría para México no sólo ahorros inconmensurables sino abundantes ingresos, suficientes para compensar con creces el abultado déficit comercial derivado de las abusivas tarifas crecientes.

Trump puso contra las cuerdas al gobierno de la 4T, una decena de cuyos más altos integrantes viajaron a Washington, encabezados por Marcelo Ebrard, en una dolorosa procesión de suplicantes que tuvieron por bienvenida insolencia y desaires.Acudieron a cabildear Luis Cresencio Sandoval, Rafael Ojeda, Carlos Urzúa, Graciela Márquez, Víctor Villalobos, Jesús Seade, Martha Bárcena y Lázaro Cárdenas Batel, entre otros.

El rústico mandatario gringo, acostumbrado a chasquearle los dedos a sus interlocutores, bufó ante la delegación mexicana: “¡Queremos acción, no negociación”. Así contestó la demanda de diálogo del Presidente López Obrador, quien —por otra parte— se vio como si le hubiesen aplicado en la cerviz algún potente lenitivo.

El deslenguado magnate fue más allá. Dijo que no le preocupan las consecuencias de una guerra arancelaria porque Estados Unidos no necesita de México, y nuestro país, en cambio, sí necesita del suyo.

Luego habló el león. “Nos robaron 32 por ciento de nuestro negocio automotriz”, dijo Trump, refiriéndose a los mexicanos, con el tono y la actitud de quien cree que todos son ladrones como él.

No es tarde para recuperar dignidad y compostura. “¡Tomémosle la palabra al gringo!”, podría exclamar el tabasqueño.

Y, acto seguido, entrar en acción, tal como lo exige el despreciable vecino: cursar al Congreso una iniciativa de ley para legalizar las drogas, única solución real, aunque a mediano plazo, al problema de la violencia y la inseguridad que azota nuestro país.

Según el patético ocupante de la Casa Blanca el gobierno mexicano “podría resolver la crisis fronteriza en un día”, si sus dirigentes así lo quisieran. No tiene vergüenza. Pretende que otros arreglen los estropicios que causa su país.

En el asunto de las drogas busca que las naciones productoras y de tránsito acaben con el problema, algo que no ha logrado ni siquiera el ejército más poderoso de la tierra, el que él comanda.

En migración, exige que México solucione la crisis derivada de políticas marcadas por el injerencismo, la indolencia, irresponsabilidad, omisiones, abandono y, en suma, incapacidad de su propio gobierno.

Pruebas al canto. El Presidente mexicano acaba de recriminar, por enésima ocasión, que la administración norteamericana todavía no ha liberado 10 mil millones de dólares que ella misma se comprometió a aportar al plan de desarrollo de Centroamérica y el sur de México.

Y por estos días llegaron al Atlántico centroamericano soldados del temible Comando Sur, no para ayudar a resolver la crisis migratoria sino para abrir una nueva vertiente de acoso a Venezuela y Cuba.

Aun el menos avezado de los observadores ha podido percatarse de las reales intenciones de este despliegue militar, que oficialmente es para atender emergencias y dar ayuda humanitaria a Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras.

A riesgo de parecer disco rayado vale insistir en que el tráfico de drogas no terminará mientras millones de estadunidenses pudientes y viciosos demanden con ansiedad estupefacientes no sólo de México, Colombia y América Latina en general, sino de todo el orbe.

De la migración puede decirse otro tanto. La asimetría económica y el poderoso dólar producto de la histórica expoliación a medio mundo, junto con los altos niveles de pobreza no sólo en Centroamérica sino en gran parte de Asia y África, hacen de esa potencia un imán irresistible para las masas depauperadas que se aventuran por México.

¡Se necesita llamarse Donald Trump para desconocer semejante realidad, comprensible hasta para un niño!

Legalizar las drogas implicaría que los comerciantes de estas sustancias estarían en entera libertad para intentar introducirlas por esa pichancha que es la frontera del vecino del norte, resguardada —la realidad es elocuente— por agentes que chapalean en la corrupción.

Ya a nadie engaña el cuento de que fabulosos volúmenes de enervantes se comercializan en la tierra de Trump sin una red de corrupción que involucra no sólo a negros y miembros de las minorías, sino aun los más altos miembros del aparato gubernamental.

La cosa es clara: si los anunciados aranceles llegaron para quedarse y el costo para nuestro país será insostenible, lo procedente asimismo será recortar el gasto público en los rubros menos necesarios. Uno de estos, sin duda alguna, la persistente guerra contra las drogas.

A decir del líder de la 4T la guerra ya terminó. Es falso. Cosa de ver el acumulado de muertes en los 190 días transcurridos del sexenio.

Se ha dicho hasta la exasperación: Un país pobre como el nuestro no puede darse el lujo de destinar una montaña de dinero a combatir un problema que, en rigor, es menos de México que de Estados Unidos.

Se ha vuelto lugar común señalar que en la guerra antidrogas nuestro país pone los muertos y la potencia vecina los adictos,  quienes, la verdad sea dicha, pasan la vida felices teniendo a la mano sustancias que son caras porque son ilegales y son ilegales porque así lo decidió su gobierno.

México distrae del fin primordial de combatir la pobreza una cantidad ingente de dinero destinada a la compra de sofisticado armamento y equipo para perseguir traficantes. Y para sostener la infraestructura penitenciaria y la manutención de decenas de millares de traficantes presos.

O para sufragar gastos en jueces, militares, marinos, policías, ministerios públicos, y recursos humanos que, en tiempos de austeridad draconiana, le son denegados aun a áreas de la administración que presentan severas deficiencias: salud, educación, el empleo, el campo, la alimentación…

Es el momento de decir: ¡Ya basta!

aureramos@cronica.com.mx