Durante 2015, en Tanhuato, municipio de Michoacán cercano a Jalisco, la Policía Federal se enfrentó a lo que aún era una gavilla armada que se hacía llamar Jalisco Nueva Generación. La Policía Federal estaba cazando al Mencho, su líder, un tipo violentísimo que crecía rápidamente en influencia gracias a los espacios de tráfico ilícito que había dejado la desaparición de las agrupaciones como los Caballeros Templarios y La Familia.

Hoy, los policías que participaron en aquel enfrentamiento contra Jalisco Nueva Generación son los cazados judicialmente para ser apresados y acusados de diferentes delitos, desde tortura hasta ejecución arbitraria. Las detenciones se están realizando con discreción, incluso dentro de las instalaciones de la Guardia Nacional, a donde fueron integrados esos policías de élite, los únicos entrenados para enfrentar al narco con la misma eficacia que el Ejército y la Marina. Las últimas detenciones, ocurridas el lunes, se dieron justamente en la base de mando de la Guardia Nacional, a donde los expolicías federales fueron enviados bajo el engaño de recibir un curso. Los recibieron con esposas y traslados a prisión.

Los señalamientos contra los policías que participaron en el sangriento enfrentamiento de Tanhuato no son nuevos. Desde 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había señalado uso excesivo de la fuerza y la necesidad de revisar los procedimientos. El enfrentamiento referido dejó un saldo de 42 delincuentes muertos; todos los abatidos dieron positivos en tres pruebas periciales para saber si habían disparado armas.

Por parte de la Policía Federal, sólo había un caído, pero en realidad aquel enfrentamiento en Tanhuato, específicamente en el Rancho El Sol, era consecuencia de una emboscada previa en la que otros uniformados fueron asesinados con una crueldad que luego se haría una marca de Jalisco Nueva Generación.

Los señalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos barrían toda la actuación de la Policía Federal en el lugar y hacía apreciaciones con bases técnicas, por ejemplo, el señalamiento de que se habían cometido ejecuciones arbitrarias al abatir a maleantes desde su espalda durante el enfrentamiento. La Policía Federal señaló que en la dinámica del enfrentamiento se logró envolver a los gavilleros y no que se les hubiera ejecutado o aplicado la ley fuga. De hecho, la CNDH alegó que había que investigar si los maleantes seguían combatiendo o se podía presumir que se habían rendido; es decir, la CNDH planteó un dilema sobre los operativos contra este tipo de grupos que no implicaba forzosamente que los elementos de la Policía Federal hubieran asesinado a mansalva a los narcos, sino que no siguieron protocolos que hubieran permitido, quizás, más detenciones y menos muertes.

Cuatro narcos que murieron son los casos más graves, pero las detenciones se están generalizando entre el grupo de élite que estuvo presente.

Otro aspecto es el caso de torturas, en las que se especificaban casos de maleantes capturados que fueron conducidos a una habitación e interrogados, todavía tratando de dilucidar si El Mencho se encontraba en el rancho. Los maleantes capturados refirieron que recibieron algún golpe y se les amenazó de muerte si no hablaban, algo que muy probablemente sí pasó, pero que tampoco es cotejable con otro tipo de torturas.

La revisión del caso no había avanzado desde entonces y es hasta ahora, justo cuando la administración de López Obrador anuncia “revisiones del pasado”, cuando inicia la aprehensión de los policías que a la fecha no han tenido noticias de las acusaciones que pesan sobre ellos.

La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República giró ordenes de aprehensión a los policías que estuvieron en ese enfrentamiento y sus agentes están visitando en las bases de la Guardia Nacional a los expolicías federales.

Hay confirmadas cinco últimas detenciones en la base de Iztapalapa de la Guardia Nacional, por delitos de abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad y delitos contra la administración de la justicia. Un suboficial con 13 años, así como personal operativo, es acusado de homicidio directamente, en un señalamiento mucho más grave de lo que originalmente indicaba la recomendación de la CNDH.