Afganistán, el país centroasiático asolado por más de 18 años de guerra de los talibanes contra el gobierno de Kabul y sus aliados de Estados Unidos, que negocian ya su retirada con los rebeldes, se vio ayer sacudido por un nuevo atentado terrorista, con al menos 63 muertos y más de 35 heridos, muchos de ellos en estado grave o crítico, por lo que la cifra de bajas podría dispararse. Entre las víctimas mortales, todos humildes campesinos, hay numerosos niños que habían acudido a una mezquita al rezo del viernes.

El salvaje atentado ocurrió en Jawdara, un pueblo remoto y pobre de la provincia de Nangarhar, próximo a la frontera paquistaní, donde se ocultó durante muchos años Osama bin Laden, líder de Al Qaeda.

El gobierno del presidente Ashraf Ghani acusó a “los talibanes y sus socios” de atacar a la población civil en los lugares de culto.

Estos últimos se desvincularon del ataque, tras reiterar, como en anteriores atentados en Afganistán, que los talibanes no consideran un objetivo lugares públicos como mezquitas, al contrario que el Estado Islámico.

“Un ataque con mortero o una explosión contra una mezquita es un gran crimen. El Emirato Islámico (como ahora se autodefinen los talibanes) condena enérgicamente este crimen cobarde”, aseguró el principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, en un comunicado.

Crimen de guerra. Por su parte, la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) denunció que los “ataques contra lugares de culto suponen violaciones serias de la ley internacional y se consideran crímenes de guerra”.