La Procuraduría Social, de la administración de Miguel Ángel Mancera, será auditada e investigada para fincar, en todo caso, alguna responsabilidad no sólo de tipo administrativa sino penal, debido a que se detectó que hubo desvíos de recursos y uso clientelar de los programas.

Lo anterior lo informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al presentar, en compañía de la titular de la dependencia, Patricia Ruiz Anchondo, el nuevo programa de trabajo para dicha oficina, antes a cargo de Guillermo Orozco y del ahora morenista Alfredo Hernández Raigosa.

“En la procuraduría se encontraron adeudos con los compromisos que se hizo con unidades habitacionales ( a las) que nunca se les entregó el recurso”, dijo la mandataria.

Y añadió: “En todos estos casos se le está pidiendo a la Contraloría General que haga auditorías, no solamente porque hay que hacerlas, sino porque muchos de estos casos ya serían responsabilidad de los actuales funcionarios públicos”.

Al respecto, Patricia Ruiz Anchondo dijo se detectaron irregularidades financieras en el rescate de algunas unidades habitacionales, por lo que se harán auditorías para verificar el destino de los recursos.

“Los recursos de este programa se destinaban con fines políticos y clientelares por un partido que estuvo en el gobierno (de Ciudad de México) anteriormente (...) Tenemos algunos casos (de desvíos de recursos); de hecho, mandaremos a auditar el programa porque sí hay bastantes irregularidades”, comentó.

Ruiz Anchondo aseguró que existe un desorden muy grande en la Procuraduría Social y acusó que en la administración anterior todos los proyectos requerían ampliación de recursos, porque “nunca les alcanzaba” el dinero o éste se entregaba a unidades habitacionales que no son de interés social.

En tanto que Sheinbaum agregó que la Secretaría de Finanzas está revisando los recursos de la Procuraduría Social en la administración pasada para conocer el monto de lo desviado.

Y es que actualmente existen 8 mil inmuebles registrados bajo el régimen de condominio y bajo la atención de la Procuraduría Social, apenas dos mil y reconoció que existe un rezago grande en el cumplimiento de las actividades institucionales.

“Es cierto que no se registra toda la gente en la Procuraduría, hay un rezago grande, porque también es cierto que, en el último sexenio, hubo un año donde existieron tres procuradores (en el 2016); eso generó como mucha inestabilidad en la institución y luego vino el sismo”, indicó Ruiz Anchondo.

En otro tema fue presentado el Programa para el Rescate de Unidades Habitacionales de Interés Social que atenderá conjuntos y unidades habitacionales que concentran casi al 25% de la población de la Ciudad de México.

Serán invertidos 240 millones de pesos y los beneficiarios serán 272 mil personas en promedio.