Diecinueve gobiernos estatales mantienen pendiente la firma del acuerdo de coordinación para adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar y dejar en el ámbito de la Federación la atención a personas sin seguridad social.

Tienen hasta fin de mes para sumarse; en caso contrario, el gobierno federal respetará el presupuesto ordinario que ya les fue asignado, pero sin partidas adicionales.

Los 23 institutos y hospitales de especialidades están contemplados en el proyecto. Tampoco serán obligados a incorporarse, aunque en ese caso sus procesos de cobro de cuotas y compra de medicamentos serían vigilados por la Secretaría de la Función Pública, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Insabi apuesta por dar el servicio a 69 millones de personas —55 por ciento de la población— sin seguridad social, a quienes también pretende dotar de medicamentos y demás insumos.

Hasta ahora sólo los estados de Tabasco, Yucatán, Ciudad de México, Baja California, Oaxaca, Sonora, Puebla, Chiapas, Veracruz, Colima, Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí han firmado el convenio.

Pese a la aparente libertad de decisión, el jefe del Ejecutivo reprochó el uso del dinero por parte de autoridades estatales:

“Se transferían los fondos de salud a los estados y se usaban para otras cosas, y hacían su agosto los que vendían las medicinas, es considerable el dinero que se manejaba. Por eso es la resistencia”.

—¿De quién?

—Es de arriba, de los políticos.

—¿Qué pasará si no se adhieren?

—Se les van a transferir los recursos que por ley les corresponden y ellos se hacen cargo de la atención médica y servicios de salud. Nosotros, donde se aplique el programa, garantizamos la gratuidad y la mejora del servicio.

—¿Y de los 40 mil millones adicionales ya no?

—Tendríamos que ver, constatar que ese recurso se va a aplicar para atención médica y medicamentos para todos, en especial para la gente humilde.

—Porque los estados tendrían que darle servicio a más gente, y no tendrían más recursos…

—Eso es lo que tienen que pensar.

Bajo el nuevo esquema, el Insabi pagará a los institutos de especialidades las cuotas recabadas por sus servicios (4 mil millones de pesos en conjunto); para los que decidan mantenerlas, “la Función Pública nos ayudaría a ver cómo están ejerciendo el dinero”, alertó el tabasqueño.

—¿Y la compra del medicamento?

—Lo mismo.

El plan del Insabi, según su director José Antonio Ferrer, incluye la compra consolidada de medicamentos, el rescate de 307 inmuebles abandonados, la incorporación inmediata de 33 mil profesionistas de la salud y la basificación gradual de 87 mil 300 trabajadores, 6 mil en una primera etapa.

El 30 por ciento del personal en el Seguro Popular era administrativo, cuando sólo se requería el 6.5 por ciento. Había tan sólo 6 mil 500 afiliadores, a quienes ya no se necesita. Ayer mismo, decenas de ellos acudieron a protestar a Palacio Nacional, y la promesa presidencial fue la de explorar la posibilidad de buscarles cabida en otra área.

Los datos

*De los 69 millones de mexicanos sin servicio social, 12 millones ya reciben servicio en 80 hospitales del IMSS-Bienestar en 3 mil 991 unidades médicas ubicadas en 19 estados.

*Se tienen registrados 23 institutos y hospitales de especialidades.

Responsables

*Doctor Antonio Calderón Alipi, responsable de abasto de medicamentos

*Doctor Alejandro Svarch Pérez, responsable de asignación de médicos

*Arquitecto Carlos Sánchez Meneses, coordinador de infraestructura

*Víctor Manuel Lamoyi, coordinador del programa administrativo de basificación