Suena a broma, pero está dentro del orden lógico de posibilidades la suposición de que Estanislao Beltrán, Papá Pitufo, o Juan José Farías, El Abuelo, podrían encargarse de la seguridad pública en la capital del país, como parte de los ajustes al engranaje institucional que impone la remoción de Jesús Orta Martínez.

Se trata de dos cabecillas de la delincuencia organizada que posan de líderes comunitarios y se cuentan entre quienes más saben de organizar grupos de autodefensa en nuestro país.

Porque eso —un grupo de autodefensa organizado desde el gobierno— y no otra cosa, fue lo que los habitantes de la capital vimos actuar en la manifestación del 2 de octubre, tratando de inhibir el vandalismo y la violencia inaudita de quienes buscaban tumbar a Orta Martínez —y en una de esas a Claudia Sheinbaum—, y ya consiguieron a medias su objetivo.

Se puede denominar cordón de paz, hilera de burócratas o cadena de militantes de Morena; pero, las funciones de resguardo del orden que cumplió —así fuese precariamente— y el albo uniforme que portaba, inscriben a este grupo en la modalidad de las autodefensas instauradas en 2013.

Resta sólo dotar de armas a este cuerpo de 12 mil empleados del gobierno local para completar su diseño a imagen y semejanza de las autodefensas, las cuales, a despecho del Presidente López Obrador, operan en  diversos puntos del país, en especial Michoacán y Guerrero.

Apenas el 22 de agosto pasado el Primer Mandatario expresó lo siguiente:

“No puede haber grupos ilegales haciendo la función de seguridad pública. Eso no puede permitirse. Eso demuestra una incapacidad del Estado para garantizar seguridad, es un incumplimiento del deber del Estado”.

“Y nosotros —agregó con aparente determinación— no vamos a incumplir con nuestras responsabilidades. No vamos a fomentar esas actividades”.

Es notoria la incongruencia en la postura del Jefe del Ejecutivo. Reprueba la constitución de autodefensas fuera de la Ciudad de México, pero la consiente y aun la aplaude en esta urbe. Sin contar que a él lo cuida el pueblo bueno, ya no esa costosísima mesnada que fue el Estado Mayor Presidencial.

En el mundo de los dibujos animados el personaje de Papá Pitufo es un anciano sabio, alquimista, que se esfuerza para evitar que sus congéneres —los pitufos— observen un comportamiento incivilizado, rudo, propio de los humanos todos no sólo de sedicentes anarquistas y vándalos encapuchados, pagados por quien sabe quién.

Por lo mismo, encajarían perfecto Papá Pitufo, El Abuelo o cualesquiera otros de los jefes de autodefensas —Hipólito Mora, José Manuel Mireles, Luis Antonio Torres— en la política de seguridad pública capitalina, a cuyo frente está ahora Omar Hamid García Harfuch.

Estrategia ésta de tira cómica, consiste en transferirles inocentemente a los civiles la responsabilidad de cuidar a la comunidad, y proceder, con absoluta lenidad, ante quienes sin miramientos quebrantan la ley.

Ironías de la vida o gajes de la política, la renuncia de la institucionalidad será operada por García Harfuch, nieto del secretario de la Defensa Nacional en el gobierno del duro Gustavo Díaz Ordaz, el general Marcelino García Barragán, e hijo de quien fue líder nacional del PRI, Javier García Paniagua.El 10 de febrero de 2013, bajo el título de “Civiles en la guerra" y a propósito de un desembozado apapacho del gobernador Ángel Aguirre a “policías comunitarios", en este espacio se dijo lo siguiente:

“Como si faltaran actores en el escalofriante escenario de violencia que agobia el país, ahora está incorporada, echándole gasolina al fuego, la población civil, en la forma de grupos de autodefensa.

Se dijo, además, que se trataba “de una modalidad en teoría —sólo en teoría— reivindicativa del derecho a la defensa propia, ante la creciente sensación de abandono de los ciudadanos y el total rebase del Estado por la criminalidad. Aunque, más bien, tales grupos remiten al Medievo, porque pervierten el concepto de seguridad pública y, desde luego, son generadores de mayor violencia”.

Seis años después la modalidad de la seguridad en manos de civiles está en la mismísima capital del país.

Tiene verosimilitud, por lo mismo, el razonamiento de que Beltrán, Farías o algún otro personaje de semejante laya puede asumir las riendas de la seguridad ciudadana.

Porque con apodos tan tiernos y conmovedores esos comandantes se ajustan a la estrategia de terciopelo con que se pretende pacificar la nación y al espíritu de paz y amor de que están imbuidos Sheimbaum y nuestro Presidente.

Podrían incluso esos bonachones mandamases ayudar en la presentación de acusaciones del Estado mexicano ante las mamás, papás o abuelos y aun tatarabuelos, de los violentos y malcriados, con la esperanza de que estos parientes puedan corregirlos a punta de cintarazos, nalgadas y tirones de orejas.

Si la estrategia incluye ahora tales correctivos, es previsible que la delación de hijos, nietos y hasta choznos alcanzará no sólo a vándalos sino igualmente a servidores públicos de comportamiento cuestionable.

Por ejemplo, alguien tendrá que apersonarse ante Francisco Gil Díaz para delatar a Gonzalo Gil White, prófugo de la justicia acusado de administración fraudulenta de 750 millones de pesos en la empresa Oro Negro.Y alguien más deberá poner al tanto a Manuel Bartlett acerca de la tan sospechosa como vertiginosa acumulación de casas y empresas por parte de sus hijos León Manuel y Alejandra, aptitudes inmobiliarias que tienen contra las cuerdas a la 4T.Se entiende, ahora sí, ante semejante transformación de planes en seguridad y justicia, la razón por la cual desde su toma de posesión el Jefe del Estado se deslindó de sus vástagos José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso cuando dijo que él por el único que responde es por Jesús, su retoño menor de edad.

¡Vaya manera de lavarse las manos y eludir responsabilidades!

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