La muerte bajo custodia del capitán venezolano Rafael Acosta, con aparentes signos de tortura, ha disparado la alarma internacional, que exige explicaciones al régimen de Nicolás Maduro por la gravedad de los hechos.

La alta comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó ayer su “profunda preocupación” y pidió una investigación “independiente, imparcial y transparente” de este suceso.

Bachelet avisó que el caso puede constituir una “desaparición forzada”, considerado crimen de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI), ya que su familia y abogados no fueron informados durante días de su paradero, y se sospecha que Acosta sufrió torturas durante su detención.

Acosta fue detenido el 21 de junio por hombres armados sin identificar y estuvo en paradero desconocido durante siete días, hasta que el 28 de junio fue llevado ante un tribunal militar junto a otros cuatro militares y dos exfuncionarios de seguridad acusados de conspirar para asesinar a Maduro.

Según su abogado, el capitán retirado se presentó ante el juez en silla de ruedas, fue incapaz de hablar y mostraba claros signos de haber sido torturado, por lo que el juez lo mandó a un hospital militar, donde murió en la madrugada del 29 de junio.

“Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida, y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad”, señaló Bachelet.

DOS DETENIDOS. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció ayer la detención de dos agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y se felicitó porque el Ministerio Público está “cumpliendo con el compromiso de realizar una investigación objetiva, independiente e imparcial para determinar las causas (de la muerte del capitán)".

Los dos detenidos, un teniente de 22 años y un sargento de 23, fueron acusados de “homicidio preterintencional” (cuando el agresor actúa con la intención de provocar lesiones a otra persona, pero finalmente le provoca la muerte). Los acusados permanecerán recluidos en el mismo lugar donde interrogaron al capitán fallecido, la siniestra sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Bachelet dijo tener en cuenta que los dos miembros de la Dgcim estén ya bajo proceso, pero lamentó que las alegaciones de tortura no hayan sido incluidas en los cargos. Por último, pidió a las autoridades venezolanas que permitan a los otros seis militares detenidos junto al capitán Acosta recibir visitas de sus abogados y familiares, y que se garantice que sean tratados con humanidad y dignidad. “Se deben adoptar urgentemente medidas para prevenir la reincidencia de la tortura y otros malos tratos de personas bajo custodia del Estado”, concluyó.

Las declaraciones de Bachelet se producen apenas 10 días después de que realizara una visita oficial a Venezuela para estudiar la situación de las libertades fundamentales en ese país, que expondrá esta semana en el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra.