Con la presentación de la iniciativa preferente enviada por el Presidente López Obrador, relacionada con la modificación a la ley de la industria eléctrica, se pretende echar abajo gran parte de los cambios de la reforma energética de 2013. Si se aprueba en los términos propuestos, el gobierno se convertirá en juez y parte, y hará que muchas empresas que se han adherido a convenios de autogeneración se vean obligadas a pagar más por energía de menor calidad.Las críticas por parte de la iniciativa privada no se hicieron esperar, quienes la han calificado como una expropiación indirecta. Y es que no es para menos, ya que afectará a numerosas empresas nacionales y extranjeras que han invertido sumas millonarias para desarrollar sus proyectos tecnológicos de generación de energía solar y eólica, que no contaminan ni agotan recursos no renovables como el petróleo, de ahí su nombre de energías verdes. La iniciativa pretende cancelar importantes espacios de comercialización de estas industrias al darle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el papel protagónico como empresa del estado para regir estas actividades.Los equipos jurídicos de las principales empresas afectadas están dispuestos a pelear en tribunales, lo que significará por lo menos dos años de pleito. Lloverán amparos, que provocarán que la corte utilice su facultad de atracción y decrete una suspensión general. Es por eso que aunque la iniciativa sea aprobada por ambas cámaras, podría ser derrotada por métodos jurídicos. También hay que agregar que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y grupos parlamentarios de partidos de la oposición promoverán nuevas controversias constitucionales.El Presidente no acaba de entender que estas políticas terminarán por dinamitar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), es en este sentido que las empresas de estos países que se vean afectadas recurrirán a mecanismos internacionales derivados de la firma de este tratado, para defender sus inversiones.No cabe duda que la política energética del actual gobierno busca regresar al México de los años setenta, cuando precisamente Manuel Bartlett, actual director de la CFE, era un político priista muy relevante y la visión estatista para el manejo de la economía predominaba. Al igual que hace 50 años, hoy México es gobernado por un partido súper poderoso con un presidente que busca eliminar los contrapesos, y donde nada se mueve sin la aprobación del jefe del estado.Quién se iba a imaginar que el autor de la “caída del sistema" en las elecciones presidenciales de 1988, se convertiría en uno de los funcionarios consentidos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Con los cambios que se pretende realizar a la ley de la industria eléctrica se le dará todo el poder a Bartlett para manejar el mercado eléctrico nacional, y con ello, el control de los precios de la energía.COTEMAR AGENCIA DE COLOCACIÓN DE PEMEXUna práctica común en el ambiente de las contrataciones públicas es el intercambio de favores con funcionarios públicos que apoyan a la empresa contratista en cuestión. Este es el caso de COTEMAR de Mario Dávila y María Cristina Lobo, empresa proveedora de PEMEX que desde hace varios años es usada como agencia de colocación de empleo para los hijos de funcionarios de la paraestatal. Un caso concreto es el de Alberto Arturo Durán Gutiérrez, Subdirector de Mantenimiento y Confiabilidad de PEMEX Exploración y Producción, cuyos hijos presumen en la plataforma Linkedin sus altos puestos en esta empresa. Y como en el mundo de los negocios nada es producto de la casualidad, según registros de la plataforma Compranet, en 2016 cuando Durán Gutiérrez era Gerente de Confiabilidad de Instalaciones Marinas, COTEMAR ejerció por lo menos cuatro millonarios contratos, todos por adjudicación directa y en el área de influencia del funcionario. Es una pena que en la peor crisis económica de su historia, y con una deuda acumulada de 110 mil millones de dólares, se sigan tolerando este tipo de prácticas en PEMEX sin que el director general, Octavio Romero, haga nada al respecto.MANTIENEN EN SUSPENSO INICIATIVA SOBRE EL OUTSOURCINGTodo parece indicar que la discusión sobre este controvertido tema se aplazará para después de las elecciones de junio próximo. Al parecer de algo han servido los acercamientos de las cúpulas empresariales con el Presidente López Obrador, lo cual abre la esperanza de que se modifique la iniciativa en los términos propuestos. Y es que está muy claro que quienes la presentaron nunca han tenido que crear un empleo. No entienden que el crear un puesto de trabajo, en vez de ayudar a una empresa, se puede convertir en un lastre. El espíritu de la reforma sobre el outsourcing es restringir la libertad de contratación. Según sus impulsores lo que se busca es proteger los derechos de los trabajadores, pero lo único que provocaría es una pérdida importante de empleos y menor competitividad de las empresas. Veremos en qué termina este asunto, que junto con los cambios propuestos a la ley del Banco de México y la de la industria eléctrica, podría encaminar al país a un camino de deterioro económico del que no habrá vuelta atrás.

@fer_martinezg

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