Funcionarios del Gobierno capitalino admitieron que hubo tardanza para frenar la tala de árboles en Real Mayorazgo, y la justificaron al asegurar que tuvieron que cumplir con trámites para detener en flagrancia a los trabajadores.

La secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, señaló que desde el viernes pasado algunos funcionarios asistieron alrededor de las 18:00 horas al sitio, a verificar si estaba ocurriendo la tala debido a reportes vecinales.

No obstante, explicó, no frenaron la acción al no encontrar a ningún trabajador en flagrancia.

Según vecinos, desde el jueves 2 de mayo trabajadores bardearon y cerraron la vialidad para la tala.

Al día siguiente (viernes 3), a las 11:00 horas, la Sedema respondió tuits sobre denuncias ciudadanas realizadas y relacionadas con  la poda en el lugar.

“No estaban ya los trabajadores cuando nosotros llegamos, por lo tanto no pudimos demostrar la flagrancia. Fue hasta el día siguiente, a las nueve de la mañana que pudimos regresar y ahí sí encontramos a los trabajadores”, dijo Robles.

“La misma frustración que tienen los vecinos la tenemos los que trabajamos en el Gobierno de la Ciudad”, agregó.

Para el sábado 4 de mayo, cuando se realizó el operativo, ya se habían talado 54 árboles y trasplantado 7 árboles más, por orden de los desarrolladores.

Incluso mostraron a personal de Gobierno una autorización parcial condicionada en materia ambiental aprobada en noviembre de 2018 por la administración de Tanya Müller, en la que permite la tala de 80 árboles y el trasplante de 47 más.

No obstante, los permisos no contaban con el visto bueno de la Secretaría de Movilidad y de Seguridad Ciudadana.

Por tal motivo la Secretaría de Medio Ambiente local solicitó la revocación del Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) a los constructores del Proyecto Mítikah en Real Mayorazgo por la tala de árboles.

A través de este permiso, construirían un deprimido como medida de integración para el acceso a la plaza comercial y a las torres de departamentos y oficinas,  que cruzaría el tramo donde realizaron la tala.

Además, la multa por el derribo de los 54 árboles va de los 7 millones 600 mil pesos a los 50 millones 383 mil pesos, y tanto la Sedema como   la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento ­Territorial los denunciaron penalmente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, la cual deberá definir las sanciones penales a los responsables.

ECOCIDIO. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que los desarrolladores inmobiliarios, o aquella persona que tale o pode ilegalmente árboles para construir o para dar visibilidad a los panorámicos, serán acusados de ecocidio, acusación que no sólo será contra el trabajador que tale, sino también contra quien ordene la acción.