La bancada de Morena en el Senado buscará “meter al orden” a los permisionarios de taxis en los aeropuertos del país y al mismo tiempo romper el monopolio de este servicio cuyas prácticas de colusión entre estas agrupaciones y las autoridades aeroportuarias ha afectado a más de 12 millones de usuarios y un daño al mercado –con base en el sobreprecio que pagaron los usuarios entre agosto de 2011 y diciembre de 2015– de 772 millones de pesos.

A través del vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Salomón Jara Cruz, Morena impulsa una iniciativa para modificar el artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de a eliminar las prácticas monopólicas y las distorsiones artificiales que afectan el mercado y la prestación del servicio de taxi, así como las tarifas, en zonas federales en las que se encuentran aeropuertos.

El documento del legislador oaxaqueño establece que el esquema actual de permisos para taxis en los aeropuertos es poco transparente y permite manipular la oferta y el cobro de tarifas con sobreprecios.

Recuerda que la COFECE ha recomendado modificar la normatividad vigente con el objeto de que el servicio de taxis adopte un modelo de acceso abierto, es decir, que sean las condiciones del mercado las que determinen el número de vehículos que presten el servicio de transporte individual de pasajeros desde los aeropuertos del país, de tal suerte que pueda participar en el mercado cualquier agente -como Uber, Didi, Cabify, etc- que garanticen las máximas condiciones de seguridad y calidad en el servicio.

Jara Cruz resalta que de ser aprobada la iniciativa, se eliminarían las restricciones que existen para que cualquier interesado preste el servicio, con lo cual se dará solución a los problemas de subutilización de las unidades, propiciaría tarifas más bajas y reduciría los tiempos de espera de los usuarios al existir un mayor número de vehículos disponibles.

El legislador morenista indica que en la actualidad, el servicio de taxis en los aeropuertos del país opera con un modelo de acceso restringido, ya que es necesario contar con un permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), además de firmar un contrato o convenio con los administradores aeroportuarios, en el cual se establecen los pagos y contraprestaciones por estos servicios.

Lo anterior ha otorgado a los administradores aeroportuarios la capacidad de restringir artificialmente la oferta -e imponer tarifas con sobreprecios- por dos vías. La primera, al solicitar que los permisionarios cuenten con contratos con los aeropuertos para brindar el servicio; y, la segunda, al establecer como uno de los requisitos en la obtención del permiso otorgado por la SCT, la opinión emitida por el aeropuerto.

En ambos casos, los administradores aeroportuarios pueden actuar de forma discrecional al negarse a firmar los contratos, o bien, emitir opiniones negativas para que las agrupaciones no cuenten con los permisos de la SCT, ya que no está delimitado en la norma las razones por las cuales se podría o debería negar el acceso. En este sentido, los aeropuertos pueden decidir con base en criterios poco claros y transparentes si un nuevo competidor entra al mercado, dijo.

havh