Decidido a atraer inversión a partir de la operación del recién creado Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento (Cofinece) en un momento clave para la economía, Alfonso Romo pidió al presidente López Obrador que Adalberto Palma se integrara, de manera urgente, al equipo de funcionarios con quienes buscará liberar los obstáculos para la llegada de capital al sector productivo del país. Sin un programa contracíclico claro para la economía, la COFINECE se transforma en un factor clave para que llegue el capital privado.

A pesar de los problemas operativos y de personal que vivía al frente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Adalberto Palma no tenía previsto dejar su cargo en este organismo.

Pero el ahora expresidente de la CNBV tampoco tenia posibilidad de regresar al sector privado luego de que la Ley de Austeridad Republicana prohibe a los funcionaros de alto nivel de la comisión emplearse en alguna compañía, banco o financiera durante los siguientes diez años luego de dejar su puesto en el gobierno federal.

Palma sólo ocupó la presidencia de la CNBV durante 15 meses. El pasado 3 de marzo, el también exvocal del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), renunció a la comisión que supervisa a 5,000 entidades financieras, entre ellas a la banca de origen extranjero y al sector bursátil. Para Palma, el desgate era evidente ante la creciente carga de trabajo, confiaron algunos de su ex colaboradores luego de la salida de más de 40 funcionarios. Con una oleada de renuncias antecediendo su llegada a la poderosa comisión así como los obstáculos para integrar a expertos del sector financiero en puestos clave de la CNBV, especialmente a las vicepresidencias que quedaron acéfalas tras la embestida de austeridad, la gestión de Adalberto Palma tuvo que hacer frente a las cada vez más exigentes y frecuentes peticiones de información financiera utilizada para realizar investigaciones, entre ellas el proceso judicial en el que estuvo involucrada

SIARA, clave. Desde la CNBV, se opera el Sistema de Atención de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA) mediante el cual la CNBV atienda a más de 92 autoridades, incluyendo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la UIF y la Fiscalía Genral de la República, en la solicitud de información sobre cuentas bancarias, procesos como la extinción de domino, el congelamiento de depósitos así como información sobre transacciones crediticias. En entrevista, Sandro García Rojas, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos la CNBV, exrepresentante de la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Unión Europea, explicó que la CNBV sirve de nodo recetor para todas la solicitudes que se hacen por parte de autoridades facultadas.

Durante la gestión de Palma, la CNBV llegó a atender más de 215,000 solicitudes contra los 122,000 requerimientos que se registraban en 2012. A la CNBV se le solicitan estados de cuenta, documentación, movimientos financieros que sirven a las autoridades para integrar expedientes judiciales.

Palma también tuvo entre sus casos más relevantes fue Libertad Servicios Financieros, una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) en donde el ex presidente de esa comisión, Jaime González Aguadé, participó como Consejero.

En la CNBV les interesaba, de ser necesario, deslindar responsabilidades pero, sobre todo, dejar constancia de que esta figura de crédito popular no debía estigmatizarse porque representaba una opción para profundizar en el crédito para la economía social, según otro funcionario del órgano regulador.

Sin mucho tiempo para ejecutar las acciones y estrategias dirigidas a incrementar la participación de intermediarios no bancarios y de corte social, Libertad Servicios Financieros, en donde participó el abogado Juan Collado, sirvió al ahora ex Presidente de la CNBV para revisar la situación de estos intermediarios limitados por su relación asimétrica con la banca y las barreras no regulatorias.

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