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A través de una nueva ley, ahora sí quieren meter en cintura a los escoltas patito.
El presidente de la Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Gonzalo Espina, presentó una iniciativa para derogar la actual Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal y en su lugar crear la Ley que Regula la Prestación de Servicios de Seguridad Privada en la Ciudad de México, en donde, entre otras cosas, se obligará a todos los escoltas a practicarse cada mes exámenes antidoping y para poder operar tendrán que presentar un acarta de no antecedentes penales emitida por la Fiscalía General de la República.
Esta iniciativa define a un escolta privado como aquella persona física que, sin haber constituido ni pertenecer a una empresa, presta servicios de seguridad privada de manera personal e independiente a favor de terceros en cualquiera de sus modalidades.
Las empresas de seguridad privada o los titulares de permisos, autorizaciones y licencias vigentes deberán aplicar semestralmente exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos a sus elementos operativos en instituciones autorizadas. A su vez, entregarán un reporte mensual de la prueba antidoping de cada uno sus elementos.
De no cumplir con estos requisitos, el permiso, autorización o licencia serán suspendidos.
“Se puede afirmar que las empresas de seguridad privada han crecido de manera exponencial, sin que otorguen alguna garantía de sus servicios a las empresas que las contratan, al mismo tiempo que no existe un registro confiable sobre dicha actividad… resulta fundamental generar una norma local que pueda poner límites al poder con el que cuentan algunas empresas no establecidas que ponen en riesgo la integridad de todos nosotros”, comentó Gonzalo Espina.
De acuerdo al Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada 2013, el número de empresas de seguridad privada fue de 914 con un personal autorizado de 64 mil 235 personas, quienes eran apoyados por mil 492 vehículos, así como mil 858 armas cortas y dos mil 93 largas.
También las empresas o titulares de los permisos deberán aportar a la Secretaría de seguridad Pública, de manera oportuna los datos que se requieran para el Registro de los Servicios de Seguridad Privada.
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