En una esperada sesión de pleno, el máximo tribunal de la nación falló, aunque replanteando la pregunta, a favor de la consulta pública para enjuiciar a los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En ellos se concentrará la disputa en redes previo a la consulta, al margen del texto que venga en la boleta. Varios constitucionalistas anticiparon en los medios que la Corte decidiría por el no, pero, por apenas por un voto, se dio un sí, lo que generó ataques y especulaciones sobre si el máximo tribunal del país se había puesto a las órdenes del ejecutivo.La decisión que tomó la Corte se politizó desde el principio, era obvio, se trataba de poner los nombres de los últimos cinco ex presidentes de México, tres priistas y dos panistas -ahora ex panistas- en la boleta, pero no para ser electos, sino para ser enjuiciados. Por otro lado, los opositores al Presidente López Obrador, quien fue el proponente de esta consulta, vieron en la iniciativa jurídica un ángulo político, que sería que esta consulta le permitiera al tabasqueño tener una bandera y protagonismo propio para las elecciones de 2021, estando así en la boleta sin estar su nombre en la misma, incluso dos meses después. Será un tema adicional que estará rondando en la mente de los electores, pero se menosprecia la capacidad de estos para tomar decisiones por separado de esta consulta, cuando vayan a las urnas a elegir a sus gobernadores, presidentes municipales y diputados.

Una vez más, el debate, previo a la decisión de la Corte, se polarizó entre los seguidores del Presidente y sus opositores. De fallarse a favor de la consulta el Poder Judicial quedaba rendido ante el ejecutivo, vulnerándose la división de poderes, pero de haberse resuelto en contra entonces la Suprema Corte habría defendido a los ex presidentes y sus posibles violaciones a la ley y los derechos humanos durante sus gobiernos. Así de extremas las posiciones, en medio nada, y fue ahí donde se presentó del debate jurídico en el pleno de la Corte.

La decisión mayoritaria de los ministros dejó algunas cosas muy claras, que la justicia no se consulta, que la consulta no será vinculante ni para el ministerio público ni para el poder judicial, que este ejercicio debe llevarse a cabo el primer domingo de agosto y no podrá ser el mismo día de la elección en junio de 2021. Por otro lado, me atrevo a afirmar que el motivo de la determinación judicial no intenta influir en los resultados de la elección de 2021, como algunos han querido hacerlo ver, quedando claro y de voz de su Presidente Arturo Zaldívar en diversas entrevistas a medios que el debate fue jurídico y constitucional, no político.

Sin embargo, mientras se discute y se discutirá por mucho tiempo lo resuelto por la Corte, el hecho es que se sigue evidenciando lo complejo que es hacer en la práctica una consulta, tanto por el procedimiento ciudadano para lograr que se ponga en una boleta un tema, además de la declaración de procedencia de las preguntas que sí se pueden hacer. Así, aún sigue siendo nugatorio para los ciudadanos el poder hacer este tipo de ejercicios de democracia participativa, quedando en manos sólo de los políticos, no sólo a nivel federal, sino que esto es reflejo de lo que hoy es letra muerta también en las entidades.

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