Se cumplió un año de que el Primer Congreso de la Ciudad de México comenzó sus tareas legislativas. Por primera vez, el partido de Morena se convirtió en primera fuerza, desplazando al PRD, que por más de una década mandó en el recinto de Donceles.

En este año, gracias a cachirules y pactos con partidos chicos, los morenistas lograron construir una mayoría abrumadora, que hasta el momento no ha sido muy productiva, puesto que en el Congreso hay serios rezagos en los trabajos legislativos.

Por ejemplo aún no se ha discutido ni concretado la formación del Consejo Judicial Ciudadano, organismo por el cual deberán ser aprobados los candidatos propuestos por Sheinbaum para encabezar la Fiscalía General de Justicia (FGJ).  Dicha fiscalía, que aún requiere de una ley orgánica, tomará el lugar de la actual Procuraduría General de Justicia (PGJ-CDMX), que es encabezada por Ernestina Godoy.

En semanas recientes, la oposición  en el Congreso capitalino exigió que en la legislación local se garantizara que esta nueva instancia será autónoma de la Jefatura de Gobierno, como lo establece la Constitución capitalina. De acuerdo con el especialista Mario Flores, politólogo por la UNAM, existe únicamente un avance del 40 por ciento en las tareas legislativas.

“Lo que no hacen los diputados locales es asignar el gasto público a las verdaderas necesidades de la población, han usado su facultad para aprobar presupuestos y así ampliarlos y destinarlos a actividades no esenciales. Las funciones propias de un diputado son presentar y aprobar leyes, ratificar nombramientos, iniciar juicio político y vigilar a otros poderes. No hay excusa, los legisladores no pueden, ni deben, dar ayudas sociales. Una cosa es defender el interés público y otra gestionar recursos públicos de forma discrecional”, comentó el experto.

Otro de los pendientes que supuestamente era urgente para los legisladores era que dentro de la Comisión de Rendición de Cuentas, presidida por el morenista José Luis Rodríguez Díaz de León, se presentarán los resultados de las auditorías de 2018, que incluyen el fideicomiso de Uber y los contratos para la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Además falta discutir y definir el presupuesto público para 2020 asignado tanto al gobierno central como a las 16 alcaldías.