Ricardo Espinoza Toledo*

El reto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es rediseñar el presente para darle sentido al futuro en ruinas que nos dejaron los anteriores. En medio de embates internos y en condiciones adversas por la situación económica mundial, la batalla que libra el equipo del Jefe del Ejecutivo es por sacar a flote y liberar a un gobierno que ha estado atascado en las pantanosas arenas de la corrupción y darle rumbo al país.

Estamos viviendo una época de cambios en el mundo. El revisionismo en curso en Estados Unidos o en Gran Bretaña y los estallidos sociales en Francia, dan cuenta de las fallas del liberalismo económico. Debido a un sistema económico injusto, las democracias desarrolladas están en problemas serios. Los partidos tradicionales están siendo cuestionados, aunque se mantienen. Las instituciones representativas acusan insuficiencias en su desempeño y hay la exigencia de su readecuación. Sus sistemas electorales, a pesar de todo, garantizan el voto libre tanto como la incertidumbre acerca de quiénes serán los gobernantes y representantes.

Más delicado es lo que ocurre en América Latina (AL) a causa de la enorme desigualdad y de la debilidad institucional que caracterizan a la región. Por eso, el subcontinente experimenta los cambios de manera dramática. Es como si en cada ocasión en que llega un grupo al poder se impusiera una parte contra la otra, sin darse la oportunidad de incluir, integrar, incorporar a los diversos. Incluso países como Bolivia o Chile, donde los avances en materia económica son indiscutibles, el crecimiento de la economía, por sí mismo, no es capaz de incorporar a las mayorías en los beneficios.

En México, la crítica a las “reformas estructurales” que se comenzaron a instrumentar a partir de mediados de los ochenta es por sus consecuencias contraproducentes. Las más radicales se aprobaron en 2013. En conjunto, contrariamente a lo ofrecido, no crearon más ni mejores empleos, no mejoraron salarios, ni el precio de los combustibles ni controlaron la inflación, pero sí incrementaron la desigualdad, la corrupción y la inseguridad. Por eso existen dos concepciones contrastantes acerca del desarrollo, y no sólo en México.

Robo de hidrocarburos, sabotaje contra acciones del gobierno surgido en 2018 hasta llegar al “culiacanazo” (2019), mostraron, en toda su extensión, la enorme presencia y capacidad de movilización y de fuego de la delincuencia organizada. Y lo que se expandió gracias a la protección institucional había acabado por atrapar en sus redes a los titulares de los órganos de gobierno encargados de la seguridad pública y, quizás, a sus jefes políticos, los expresidentes de la República. El sistema de justicia también quedó capturado y la población en el desamparo.

A un año de haber asumido la presidencia López Obrador, un nuevo orden de cosas empieza a tomar forma. En el plano interior, la desigual lucha contra la corrupción gubernamental está dando resultados sin menoscabo de las libertades políticas, mientras los precios de combustibles y la inflación se han controlado. Los apoyos sociales sin intermediarios son un soporte necesario, al igual que programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. No se ha recurrido a endeudamiento externo, la paridad cambiaria se ha mantenido estable, se prohibió la condonación de impuestos y se han logrado acuerdos con importantes grupos de empresarios para invertir en grandes obras de infraestructura, así como para aumentar salarios.

En el plano externo, dos acciones apuntalan la acción del nuevo gobierno. Por un lado, la aprobación del Tratado entre México, Canadá y Estados Unidos (TMEC) que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque ofrece certezas económicas; México mantendrá su potencia exportadora. Por otro, la detención, en Estados Unidos, del Secretario de Seguridad Pública del gobierno panista de Felipe Calderón (2006-2012), director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), también surgido del Partido Acción Nacional y, antes, del Centro de Información en Seguridad Nacional –entonces centro de espionaje del gobierno–, acusado de asociación con la delincuencia, va en paralelo a la lucha anticorrupción del gobierno mexicano. Es un pequeño respiro para la Cuarta Transformación el que lleven ante la justicia norteamericana “a quienes ayudan a los cárteles a infligir un daño devastador a Estados Unidos y México”, como dijo el fiscal Richard Donoghue.

La asociación del poder político y del económico centralizó las decisiones y los beneficios en unos cuantos, en detrimento de las mayorías. La falta de buenos resultados hizo de la corrupción gubernamental el gran lubricante que aseguraba el funcionamiento de una maquinaria estatal desvencijada por una concepción que veía en el Estado y su función niveladora la causa de los males nacionales. Se explica por qué los promotores de volver al pasado son los desplazados del gobierno y de los privilegios luego de las elecciones de julio de 2018.

El viejo discurso que prometía un futuro mejor se fue atorando en una realidad social y económica casi insostenible. Por eso los ciudadanos mexicanos votaron para cambiar ese orden de cosas, aunque muchos se resistan. Pero aún los desplazados y opositores deben ser tomados en cuenta en la agenda de transformaciones, excepción hecha de la delincuencia y asociados, desde luego. La solidez de los cambios depende de la capacidad de persuadir a los diversos e incluirlos en el nuevo proceso.

Como toda obra de ingeniería política, en la complejísima lucha contra la corrupción, el gobierno está sentando los cimientos para el cambio de políticas, condición para la instauración de un auténtico estado de derecho y dar paso a un nuevo régimen.

*Profesor-investigador

del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana