Segunda parte

Las adjudicaciones directas para brindar supuestos servicios de asesoría en torno al Observatorio contra obesidad, diabetes e hipertensión (OMENT), inventado en el sexenio pasado, fueron proliferas: se contrataban empresas inexistentes, de reciente creación o con giros disímbolos al requerido…

Esta práctica se ha mantenido incluso después de anunciada la desaparición del organismo, con la llegada del nuevo gobierno.

Sólo como ejemplo, un día antes de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México y tres días después de modificarse los lineamientos de salud en el ámbito federal, Servicios de Salud Pública de la capital, en las últimas horas del entonces director José Armando Ahued, pagó a un particular 333 mil pesos por un curso de 15 días sobre “antecedentes, logros y retos” del llamado Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles.

Crónica obtuvo copia del contrato adjudicado sin licitación (SSPDF-CRMSG-SERV-175-18), en el cual se detalla la prestación del “servicio para la operación de programas”, con recursos presupuestales del ejercicio fiscal 2018 correspondientes al Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE). Además de la historia del Observatorio, el taller incluía tips para “generar una plataforma que promueva la difusión del Sistema Nacional de Indicadores de Enfermedades No Transmisibles; el desarrollo de herramientas para evaluar la Estrategia Nacional para la prevención y el control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes (ENPCSOD), y la promoción de estudios de investigación complementarios para esa evaluación”.

—¿Por qué se firmó un contrato de consultoría cuando ya no estaba vigente el Observatorio?— se preguntó a Martha Castro Gutiérrez, una de las beneficiadas.

—De eso, no sé nada; me contrataron para una asesoría sobre varias cosas, entregué toda la documentación que me pidieron.

—Usted ha signado otros convenios con el sector público, pero ninguno relacionado con el perfil técnico del contrato aludido…

—Sí, pero sí lo realicé. No me regalaron nada— respondió de manera escueta.

Según el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, el OMENT quedó cancelado el 1 de diciembre de 2018. Sin embargo, diversos gobiernos estatales han seguido utilizándolo durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020 para autorizar dispendios millonarios.

Carátula de contrato relacionado con el OMENT, un día antes de la toma de protesta de Sheinbaum, y cuando el Observatorio ya había desaparecido

De acuerdo con el “Informe sobre el Ejercicio, Destino y Resultado de Recursos Financieros Ministrados en 2019”, elaborado por el gobierno de Tlaxcala, el Servicio Estatal de Salud asignó 2 millones 332 mil pesos del apoyo federal para “actividades vinculadas al establecimiento del Observatorio”.

Lo mismo ha ocurrido en otras entidades… Un caso más, documentado, es el Estado de México, donde la Dirección de Servicios de Salud reportó en su Informe sobre el ejercicio 2019 un gasto trimestral de 2 millones 275 mil pesos para el programa de instauración del OMENT.

Para 2020, el gasto con este fin, proveniente del AFASPE, fue de 670 mil 283 pesos durante el primer trimestre y 67 millones 22 mil 300 en el periodo de abril a junio, en pleno apogeo de la pandemia de COVID-19, conforme a datos del IPOMEX (Información Pública de Oficio Mexiquense).

ATRINCHERADOS. “El Observatorio se organizó de tal manera que predominaban los intereses comerciales en temas tan delicados como la prevención de obesidad y diabetes. Se anularon mecanismos a través de los cuales pudieran sacudirse los conflictos de interés", aseguró a este diario Juan Rivera Dommarco, investigador en epidemiología de la nutrición y director del Instituto Nacional de Salud Pública.

“Siempre hubo exclusión de grupos académicos o de investigación que no eran afines a los industriales, y el resultado fue que el OMENT jamás logró una evaluación confiable de las políticas públicas relacionadas con enfermedades crónicas”.

—¿Qué ocurrió con el Instituto Nacional de Salud Pública?

—Durante mucho tiempo fue ignorado, posteriormente nos invitaron, pero no fue un lugar adecuado para discutir sobre estas enfermedades, por la presencia excesiva de intereses comerciales. No rindió frutos ni fue una unidad que guiara con independencia las políticas públicas en la materia. El gran problema fue la presencia abrumadora de la industria de comida chatarra, que impedía que las decisiones que se tomaban ahí fueran libres.

—¿Qué decisiones se tomaban entonces?

—Cuando se trataba de evaluar si los impuestos a las bebidas azucaradas tenían un efecto positivo, por ejemplo, los que estaban presentes en la discusión eran los industriales de esas bebidas que, por ciento, llegaron a financiar a grupos.

—¿Qué grupos?

—A los que objetaban los resultados que nosotros publicamos en revistas nacionales o de corte internacional, en las cuales se coincidía en el mismo resultado: la importancia de una reducción en el consumo. La conclusión de ellos era que eso no importaba, entonces fue absurdo tener un Observatorio donde estaba la propia industria atrincherada. Se excluyeron a todas las voces críticas.

—¿De dónde salió el financiamiento para la plataforma?

—El Observatorio estaba asentado dentro de la Secretaría de Salud, de modo que salía de la dependencia.

OMENT ya no existe, pero se sigue usando para justificar programas sociales a enfermos... como en alcaldía Cuauhtémoc

FARSA. Desde 2015, año de surgimiento del OMENT como brazo operativo de la ENPCSOD, la Auditoría Superior de la Federación ya alertaba en su Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública, sobre teatros y deficiencias: “La información registrada para el conjunto de instituciones de salud está incompleta y no permite evaluar el avance en la implementación de la política de prevención y control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), respecto del total de la población a la que se le aplicaron pruebas de detección, la diagnosticada con las enfermedades, la que se encuentra en tratamiento, y las que están en control, así como del número de personas que las padecen".

Como parte del Informe Ejecutivo de la Cuenta Pública 2017 —presentado en febrero de 2019—, la propia ASF realizó una evaluación, la 1586, sobre las políticas públicas para atender las ECNT: “Las atribuciones asignadas a diversos entes no se efectuaron a cabalidad, al no ser acompañadas de reformas normativas, institucionales y presupuestales, ya que no hubo una reingeniería en el gasto”.

Tampoco, refirió, “se acreditó que la información producida por el OMENT sirviera de insumo para la toma de decisiones de la política pública. Puede concluirse que, aun cuando los datos de las instituciones señalaron una tendencia a la baja de la incidencia de principales enfermedades, la estrategia no ha sido determinante para disminuir su prevalencia y la mortalidad”…

Lo usan hasta para programas sociales

Pese a la extinción del OMENT y la escasa credibilidad a su trabajo, algunos gobiernos locales recurren todavía a sus datos hasta para justificar la entrega de apoyos sociales…

Es el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México: al dar a conocer las Reglas de Operación del programa social “Apoyo Económico a Personas no Asalariadas que por Motivo de Secuelas de Enfermedades Crónico Degenerativas no Transmisibles estén imposibilitadas para Trabajar”, para el ejercicio fiscal 2020, el edil Néstor Núñez (de Morena) recurrió a la información del Observatorio para justificar la necesidad de otorgar esta ayuda.

“El OMENT menciona que en la alcaldía Cuauhtémoc, en el año 2018, la población que padece hipertensión arterial es de 3,380, de los cuales 2,314 (68.5%) son mujeres y 1,066 (31.5%) son hombres. Respecto a las cifras de diabetes mellitus tipo 2 hay 3, 483 personas, de las cuales 2,287 (65.7%) son mujeres y 1,196 (34.3%) son hombres” se lee en el anuncio publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX el 31 de enero de 2020.

“El control de la glucosa en sangre de pacientes con diabetes mellitus en la alcaldía Cuauhtémoc es de 47.4% mientras que los pacientes con niveles de glucosa en sangre mayor a 7 es de 52.6%, lo que a la larga provoca complicaciones como pie diabético, pérdida de visión, amputaciones e insuficiencia cardiaca”.

El monto autorizado para el programa, en 2020, es de casi 6 millones de pesos.