Durante el 2018 se detectaron en la Ciudad de México alrededor de 194 tomas clandestinas en algunas alcaldías de la capital, por lo que la sustracción y venta de agua se ha extendido a diferentes territorios, generando pérdidas económicas millonarias, así como el desperdicio de un recurso sumamente valioso y de utilidad pública.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso de la Ciudad de México, Guadalupe Aguilar Solache, propuso un castigo de tres a nueve años de prisión y de mil a cinco mil veces el valor de la Unidad de Medida y actualización vigente, a quien, valiéndose de cualquier medio, sustraiga, aproveche o explote ilegalmente el agua con fines comerciales.

La iniciativa sugiere adicionar al Código Penal del Distrito Federal, un artículo 344 Ter el cual se enmarcaría dentro del Título Vigésimo Quinto denominado “Delitos Contra el Ambiente, la Gestión Ambiental y la Protección a la Fauna”, el cual a su vez posee un Capítulo I denominado “Delitos Contra el Ambiente”.

“La intención de esta iniciativa no es sancionar a las personas que, debido a la escasez, recurran a prácticas de extracción de agua para uso personal, pues es un hecho que el acceso al agua y a su saneamiento constituyen un derecho humano”, subrayó la legisladora.

En la Ciudad de México, aproximadamente más de 2 millones de habitantes enfrentan de forma permanente desabasto de agua.

El problema de escasez impacta principalmente 10 alcaldías, apreciándose con más severidad en Magdalena Contreras, Iztapalapa y Tlalpan.