Carlos Lomelí Bolaños, quien fuera delegado de los programas de bienestar en Jalisco hasta el 12 de julio, es investigado por cohecho, conflicto de interés, tráfico de influencias y enriquecimiento oculto, detalló Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública.

La dependencia mantiene abiertas siete indagatorias: cuatro sobre una red de empresas favorecidas con contratos y tres por “conductas contrarias a la legalidad”.

Las conductas materia de la investigación están contempladas en los artículos 52, 58, 60 y 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Según la funcionaria, “son faltas graves, y pueden implicar desde destitución, sanciones económicas determinadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa e inhabilitación hasta por 20 años para desempeñar cualquier cargo en la administración pública”.

El asunto no termina en la vía administrativa: “también, derivado de nuestras investigaciones, podríamos dar vista a autoridad penal competente”, dijo la secretaria, entre confusiones normativas y, por momentos, escurridiza e inclinada a las medias respuestas.

—Se han conocido más de 20 empresas donde participa el exsuperdelegado o sus familiares, ¿qué pasará con éstas?

—La Ley Federal de Austeridad Republicana ya señala que todos los contratos que se hubiesen asignado por tráfico de influencias, por abuso de autoridad, por cohecho o por conflicto de interés están destinados a cancelarse.

—Pero la ley que usted señala aún no está vigente…

—La Ley de Austeridad Republicana ya es minuta, tiene madurez legislativa clara, ya fue aprobada por el Senado el 30 de abril y el 2 de julio, y simplemente está en procedimiento legislativo para refrendo y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Pero evidentemente, nos vamos a basar en la ley vigente, no se pude hacer de otra forma.

—¿Hay otros funcionarios de la administración actual investigados por este caso, que sean cómplices de Lomelí?

—Es parte de la secrecía de la investigación.

Tampoco especificó si el expediente abarcaba faltas cometidas en gobiernos anteriores o sólo durante la administración lopezobradorista. “La Función Pública tiene abiertas alrededor de dos mil investigaciones en curso de servidores públicos de gobiernos anteriores más servidores públicos recién nombrados, sobre temas de evolución patrimonial e inhabilitaciones, y más de una centena de procedimientos en curso”.

La indagatoria de la SFP inició el 22 de mayo, y desde el 8 de julio se informó a Gabriel García Hernández, coordinador de todos los delegados estatales, sobre los avances y la necesidad de tomar medidas preventivas o analizar la continuidad de Lomelí, quien finalmente renunció el fin de semana.

“Hay un antes y un después en la aplicación de la justicia administrativa. Hoy ya no hay cabida para privilegios, para conflictos de interés, ni para el predominio de intereses privados sobre el superior interés público”, presumió Sandoval en tono heroico.

“Los anteriores gobiernos tenían acostumbrados a los ciudadanos a la existencia de instancias a modo, que no cuestionaban ni castigaban a quienes hacían negocios a costa de lo público. Durante los gobiernos de los presidentes Calderón y Peña Nieto, la Función Pública deambuló administrativamente encapsulada en un transitorio y decretada a desaparecer, pero por fortuna llegó a tiempo el gobierno de la Cuarta Transformación para rescatarla”.

Las siete investigaciones, prometió, llegarán “hasta las últimas consecuencias, y siempre respetando las garantías del debido proceso. En el gobierno del presidente López Obrador no se toleran los conflictos de interés, quién los tenga no puede ni debe trabajar en él”.

Sandoval fue cuestionada sobre la apertura de otra indagatoria en torno al conflicto de interés señalado en la misiva de renuncia del extitular de Hacienda Carlos Urzúa, y dirigida a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

“En ese caso no, actuamos bajo quejas y denuncias específicas y, de oficio, cuando hay elementos; no se ha abierto, tampoco el Presidente la ha ordenado”.