Quedó sentenciado el asunto de las declaraciones patrimoniales y la publicidad que se debe hacer de las mismas. El presidente López Obrador fue claro, quien no haga público su patrimonio no podrá colaborar en esta administración federal. Ahora seguirá ver la respuesta de aquellos funcionarios que no han cumplido con esa obligación establecida, más que por la ley, por el mandatario, quien ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal bandera, por lo que la transparencia en bienes y potenciales conflictos de intereses de los servidores públicos es requisito indispensable.

Sin duda uno de los movimientos civiles más potentes en el sexenio pasado fue aquel que demandaba que los candidatos y funcionarios hicieran pública sus declaraciones 3 de 3, patrimonial, fiscal y de intereses. Lo anterior implicaba más que sólo poner en un papel lo qué tenía cada político en su haber personal y familiar, para luego guardarlo en un cajón con llave, sino que más bien debían hacerlo del conocimiento de la población en general.

Sin duda, la 3 de 3 fue una magnífica manera de apretar, por parte de la iniciativa privada, en pos de generar herramientas para contribuir al combate contra la corrupción, pero no necesariamente era indispensable. La corrupción es un hecho que es en ocasiones tan visible y rastreable que cuando realmente se quiere castigar a los responsables de cometerla se puede, tanto a quien paga como quien acepta. Los patrimonios de muchos funcionarios no dejan mentir, existiendo una incongruencia abismal entre lo que ganan y los bienes que acumulan y su estilo de vida, para lo que no se necesita ser Sherlock Holmes para encontrar la manera y las razones de algo que es evidente, que se trata de recursos mal habidos, producto de algo ilegal.

A algunos les ha provocado un conflicto personal revelar su patrimonio, toda vez que, sin ser producto del servicio público, son considerables y pueden poner en riesgo su seguridad y la privacidad a la que también podrían tener derecho. Tener mucho en México no es hoy un elemento de admiración y se vuelve algo que se usa en contra de la persona, sin importar si se hizo con trabajo, además de que puede captar la atención de los delincuentes, durante su cargo como servidores públicos y sobre todo después de haberlos ejercido.

Por otro lado, la única manera que quede de manifiesto el patrimonio, antes  y después de haber pasado por un cargo público, es la publicidad, además del escrutinio de la autoridad de inteligencia fiscal para ver si no se buscaron vehículos para ocultar ingresos y activos.

Al final, lo ideal es hacer del conocimiento público con lo que cuentan en cada inicio de un cargo público, durante y al final de éste. Si hay más de lo que se puede acreditar como ingresos de salario o adicionales al encargo como funcionario, pues entonces la discrepancia debe observarse, justificarse y en caso que no haya explicación, castigarse. Para quienes no tienen nada que ocultar, pero que no es conveniente hacer pública su situación económica por temas personales y de seguridad, será otro impedimento, además del salario, para incorporarse a un encargo público, en el que tienen fecha de entrada pero no tienen garantía de permanencia. Así de complejo es hoy sumarse al gobierno, será cuestión de vocación y también de protección personal, más que de datos.

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