En los gobiernos y en la política también hay modas, a veces se innova y otras se copia, también se experimenta. En el caso de las viejas procuradurías estatales, la sumisión al ejecutivo era natural, él los nombraba como parte de su gabinete y con él se iban, si no es que antes, siendo uno de los cargos más volátiles dentro de las administraciones públicas. Así se quiso pasar de empleados incondicionales, a autonomías plenas para las fiscalías y luego a los fiscales carnales, por lo que hoy el futuro de esta figura es incierto, al menos con respecto a la posibilidad de que éstos sobrevivan más allá del sexenio en el que fueron designados.

Históricamente los procuradores de justicia habían sido vistos como subordinados del Presidente y los gobernadores, porque en realidad lo eran. Se trataba de una designación de gabinete y estarían al frente de la procuración de justicia hasta que los ejecutivos lo decidieran, los chivos expiatorios favoritos ante cierto tipo de hechos en materia de seguridad. Eran como los fusibles, desechaban uno para poner otro nuevo.

Más que la inestabilidad en el cargo, el problema era la sumisión al Presidente o gobernador, según fuera el caso, llevada hasta el grado de perseguir o no ciertos delitos, dependiendo de quién los hubiera cometido. Así, grupos de crimen organizado, delincuentes de cuello blanco, funcionarios corruptos y amigos llegaron a tener impunidad total, lo que no sucedía con los adversarios políticos o los grupos a los que se quería debilitar.

Si bien varias legislaciones establecían que los entonces procuradores debían ser ratificados por el congreso, éstos estaban normalmente dominados por el mismo partido del gobernante en turno, lo cual se esperaba cambiara cuando llegó una mayor competencia y las legislaturas empezaron a tener más equilibrios partidistas, pero poco cambió, sólo la operación política o incluso económica para lograr la llegada del personaje propuesto para ser el máximo ministerio público. Los filtros legislativos han fallado en la mayoría de los casos.

luego llegó la moda de las fiscalías, la panacea que cortaría por siempre el control político de los ejecutivos a los procuradores, basada en la transexenalidad y la inamovilidad, como dos características que garantizarían independencia total.

Empero, en la mayoría de los estados la propuesta al Congreso del candidato a fiscal es del gobernador y si no la es formalmente, la es por debajo del agua. Los grupos organizados de la sociedad civil y la academia, están a veces también íntimamente ligados al poder ejecutivo, por lo que no han levantado la mano para que sean los colegios, barras y escuelas de derecho quienes propongan o de quienes se requiera un respaldo formal para acceder al cargo de fiscal.

En los hechos muchos fiscales se convirtieron, más que en funcionarios autónomos, en cómplices que se encargarían de proteger a los ejecutivos una vez que se hubieran ido, siendo su escudo, al menos con respecto al fuero común. Lamentablemente el mismo caso se ha presentado en las entidades fiscalizadoras y otras que caen en la figura del funcionario carnal, que cumplen requisitos, pero difícilmente el perfil profesional o de independencia política.

Así lo sucedido en Veracruz con el fiscal Winckler, que aún está sujeto a la decisión de los tribunales, marca lo que será seguramente el camino que se seguirá en otros estados donde se han dejado fiscales incómodos y hasta carnales, por lo que la moda y el experimento quizá estén teniendo su primer gran revés.

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