Este viernes se cumple el cuarto aniversario de la primera Constitución Política de la Ciudad de México, un instrumento jurídico de vanguardia discutido y aprobado por una Asamblea Constituyente plural y democrática. Recordemos que durante años se exigió una reforma política que permitiera al otrora Distrito Federal transformarse en una entidad federativa con todos los derechos y responsabilidades que caracterizan a nuestro Pacto Federal, integrado por estados libres y soberanos a quienes asiste el derecho inalienable para dotarse de un ordenamiento constitucional y cuerpos de gobierno propios. La reforma política de 2016 abrió la puerta para que la Ciudad de México adquiriera autonomía en lo concerniente a su organización política y administrativa, adquiriendo plenamente sus derechos como parte de la Federación, para lo cual se conformó una Asamblea Constituyente encargada de elaborar el nuevo ordenamiento constitucional.

Se estableció así, un programa de acciones en favor de los derechos humanos, una nueva institucionalidad así como una carta declarativa de los valores y principios democráticos considerados irrenunciables, irrevocables e irreversibles para una sociedad moderna. Su principio rector es la dignidad humana, la autodeterminación de la persona, la igualdad y la no discriminación. Garantiza las libertades, el derecho a la participación ciudadana y la protección para los animales considerados seres sintientes. Instituyó un sistema de planeación para el ordenamiento territorial y la gestión sustentable del agua. Reconoció la función social del suelo y otorgó prioridad a la coordinación metropolitana. También determinó un articulado sistema de nulidades en materia electoral estableciendo que la violencia política de género, la compra o coacción del voto, el empleo de programas gubernamentales y el desvío de recursos públicos son causales para anular una elección. La primera Constitución Política puso a la Ciudad de México en sintonía con las democracias contemporáneas bajo la premisa de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, acabando con la absurda distinción entre ciudadanos de primera y de segunda.

Sin embargo, desde el día siguiente a su promulgación empezaron las involuciones desde diversos flancos. En primer lugar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió diferentes acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales promovidas, entre otros, por el Partido Morena con la intención de limitar o cancelar algunos derechos ciudadanos establecidos en el ordenamiento jurídico como nuevas garantías sociales en la Ciudad de México. Los retrocesos también aparecieron en las leyes secundarias. Bajo el argumento de la armonización legislativa el Congreso local optó por soluciones conservadoras. En la ley electoral, por ejemplo, se canceló el cabildo abierto, la representación de pueblos se sustituyó por “promoción” y se eliminó la violencia política de género como causa de nulidad electoral. Lo mismo ocurrió con el diseño democrático de las alcaldías al limitar el gobierno colegiado y con la reforma para nombrar “a modo” a un fiscal para la Ciudad.

El actual Poder Legislativo local es servil, acrítico e indolente. Sometido a Claudia Sheinbaum es responsable de las traiciones que ha sufrido la primera Constitución Política de la Ciudad de México. En las elecciones de junio próximo deberemos restituir al Congreso su autonomía para convertirlo en un contrapeso a la deriva autoritaria que campea en el país. Por ello, un grupo de diputados constituyentes, académicos, activistas sociales y constitucionalistas realizaremos un análisis de los retrocesos impuestos por el actual gobierno a la Constitución Política CDMX este viernes 5 de febrero a las 12:00 horas, a través de la página electrónica: www.futuro21.com.mx están tod@s invitad@s!

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