La primera Constitución Política de la Ciudad de México festeja su segundo aniversario. Está considerada un ordenamiento jurídico de avanzada porque brinda de manera inequívoca una tutela efectiva de los derechos humanos estableciendo su universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, progresividad y no regresividad; también porque garantiza los principios de autodeterminación personal tanto para los matrimonios igualitarios y la identidad LGBTTTI, como para el uso terapéutico de la cannabis y la eutanasia; además porque instituye mecanismos novedosos de distribución del poder a través de las alcaldías, el Cabildo de la Ciudad y de una combinación entre democracia directa, representativa y participativa, afirmando los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas; y por si fuera poco, establece la necesaria protección jurídica de los animales reconociéndolos como seres sintientes, reafirmando que su tutela es responsabilidad común e introduciendo la obligación de tratarlos con dignidad.

Desde su promulgación el 5 de febrero de 2017, la Carta Magna local enfrentó grandes enemigos, quienes pretendían limitar sus alcances. Destacando las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales promovidas ante la SCJN por la Presidencia de la República, la CNDH, la PGR, el Poder Judicial local, así como por los partidos Morena y Nueva Alianza, llamando la atención que algunos de sus diputados nunca propusieron algo novedoso para la Ciudad e incluso votaron contra la Constitución en su conjunto. Estos partidos e instituciones buscaron preservar los viejos privilegios demandando la nulidad total o parcial de 23 de los 71 artículos constitucionales, estableciendo 39 conceptos de invalidez donde destacaban, precisamente, aquellos representativos de lo más avanzado del nuevo ordenamiento jurídico y político. Cuestionaron el alcance, contenido y principios de los derechos humanos, buscaron modificar el control de constitucionalidad y convencionalidad para su protección, restringiendo las garantías para la autodeterminación personal así como los derechos sexuales y reproductivos, negando el derecho de los periodistas al secreto profesional y oponiéndose a la gestión pública del agua.

A estas ofensivas contra la Constitución recién aprobada se sumó la extinta ALDF —cuya VII y última legislatura— intentó revertir los avances logrados a través de las legislaciones secundarias que deberían dar forma a las innovaciones establecidas por el Poder Constituyente. Por ejemplo, el dictamen sobre la nueva Ley Electoral generó un amplio debate sobre las modalidades de integración de las alcaldías, confrontándose dos propuestas antagónicas: de un lado, quienes atendiendo el mandato de progresividad democrática establecido constitucionalmente apoyaron facilitar las candidaturas independientes para que los concejales de las alcaldías fueran elegidos en lo particular generando “alcaldías ciudadanas”; mientras que del otro lado, estaban quienes anhelando mantener los viejos controles corporativos, el monopolio de la política y un esquema de gobierno alejado de los ciudadanos, propugnaron por esquemas de integración burocrático-partidarios. Sobra decir que estos últimos prevalecieron.

Los retrocesos constitucionales continúan. Es necesario contrarrestar las involuciones que acechan desde distintos flancos. Estas regresiones aparecen bajo los argumentos de una armonización legislativa que apuesta por soluciones conservadoras. El dinosaurio local se resiste a morir y goza de cabal salud. La idea central que animó a la Asamblea Constituyente fue el evidente agotamiento del viejo modelo de organización política basado en una cultura personalista, clientelar, autoritaria, corrupta, discrecional e ineficiente donde prevalecen parentelas y amiguismos. La Ciudad de México exige ampliar la participación ciudadana haciendo efectivos los derechos consagrados. Por ello defender la Carta Magna local significa defender la democracia.

isidroh.cisneros@gmail.comTwitter: @isidrohcisneros agitadoresdeideas.com