Opinión


CENSURA INQUISITORIAL, PERSECUCIÓN Y CASTIGO

CENSURA INQUISITORIAL, PERSECUCIÓN Y CASTIGO | La Crónica de Hoy

Todos los sistemas autoritarios buscan establecer controles para limitar la libertad de expresión y someter a sus ciudadanos. Tal estrategia se caracteriza por el hostigamiento, la manipulación y la supresión de información con el objetivo de desaparecer del imaginario colectivo hechos incómodos para los gobernantes. Por ello, la decisión de inhabilitar por dos años a la Revista Nexos por parte de Irma Sandoval es solamente una de las muchas señales que anuncian la implantación de prácticas autoritarias desde el poder. Al hacer esto el actual gobierno sigue los pasos del Tribunal de la Santa Inquisición que reivindicaba para sí el derecho de decretar y, si era necesario, imponer, las normas del pensamiento individual. El reclamo por la apertura del sistema, la democracia y el derecho a formar nuevos grupos de opinión es reprimido a través de la censura, sobre todo, cuando la población observa que el régimen político es demasiado corrupto y que las reformas emprendidas solo generan mayor pobreza para la población. A esto se suma la creciente percepción de que la nueva casta burocrática y sus privilegios son una pesada carga para el país.

En México es peligroso ejercer la libertad de expresión. Las agresiones del nuevo fanatismo relacionadas con su ejercicio abundan. Muchos comunicadores sufren persecución a causa de sus investigaciones sobre la corrupción o el crimen organizado. En la mayoría de los casos los ataques en su contra son realizados por servidores públicos o personal subordinado a políticos de distintas ideologías y partidos. Observamos que existe un desajuste entre el mundo formal del orden jurídico y la vigencia de los derechos humanos. El actual clima político de profunda polarización que ha sido propiciado por el gobierno afecta el derecho a la libertad de expresión que es indispensable para la formación de la opinión pública en una sociedad abierta.

Norberto Bobbio afirma que las modernas democracias se caracterizan por la libertad personal, de prensa, de opinión, de reunión y de asociación de la cual nacen los sindicatos y los partidos. Ellas son el fundamento de la política pluralista sin la cual no existe convivencia pacífica. El complemento de este proceso es el desarrollo de la libertad positiva que implica el derecho de los ciudadanos para participar en la formación de las decisiones socialmente significativas. Además, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la garantía para la libertad de expresión. Sin embargo, en México los intelectuales y comunicadores representan un grupo extremadamente vulnerable al que no se le respetan sus derechos fundamentales. Sufren amenazas, secuestros e intimidaciones al tiempo que se ejerce una abierta censura en contra de los medios de comunicación.

Nuestro ordenamiento constitucional establece que las ideas no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, además afirma la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, por lo que ninguna ley, ni autoridad, pueden fomentar la censura previa, ni coartar la libertad de prensa que es esencial para el pleno ejercicio de la libre expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia deliberativa. El derecho humano a la información no es una concesión del Estado, sino una garantía fundamental mediante el cual los ciudadanos pueden, sin cortapisas de ningún tipo, recibir, difundir y buscar información. Por ello debemos rechazar las acciones de carácter autoritario que intentan cancelar la libertad de pensamiento y restringir nuestro derecho a la información.

 

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