La confirmación, por parte del embajador de China en Reino Unido, de que Pekín tiene “suficiente resolución y poder para terminar con los disturbios” en Hong Kong, su advertencia a Occidente para que no se meta en “asuntos internos” chinos y el anuncio de la política de la excolonia británica de que usará “balas reales, si persiste la protesta, fueron suficientes para que cundiera el nerviosismo entre los estudiantes prodemocracia que se han atrincherado en una universidad.

Ayer, decenas de activistas sitiados por la policía en la Universidad Politécnica (PolyU) lograron escapar del cerco deslizándose con una cuerda desde una pasarela, para luego ser rescatados en una carretera por motociclistas.

La espectacular huida se produjo cuando la policía amenazó con usar “balas reales” si los manifestantes radicales, que lanzan ladrillos y cocteles molotov, recurrían a “armas letales” para enfrentar a las fuerzas del orden.

Antes, los manifestantes habían incendiado la entrada del campus para impedir una intervención de la policía.

Según el diario South China Morning Post, se desconoce la suerte de los activistas que permanecen dentro del recinto universitario, pero desde el exterior es visible “un gran incendio y se escucharon detonaciones de noche”.

“Restablecer el orden”. Desde Bangkok, un portavoz del Ministerio de Defensa chino se refirió por primera vez a la primera movilización de soldados chinos en las calles por la excolonia británica, lo que causó preocupación en Washington.

“Restablecer el orden es la tarea más urgente”, afirmó.

Por su parte, el embajador de China en Londres, Liu Xaoming, dijo que el gobierno autónomo de la excolonia británica “está haciendo todo lo posible para mantener la situación bajo control, pero si la situación se vuelve incontrolable el gobierno central no se quedará sin hacer nada”.

China tiene “bastante determinación y poder para terminar con el levantamiento”, agregó el diplomático.

Según el artículo 14 de la Constitución de Hong Kong, el Ejército chino puede intervenir por orden del Ejecutivo para “mantener el orden público” o en caso de “catástrofe” humanitaria.