La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este miércoles un extenso informe en el que califica de “masacres” las muertes de civiles en dos ciudades bolivianas, en las que aprecia “ejecuciones extrajudiciales” y otras posibles violaciones de derechos humanos.

Por ello, la CIDH pidió iniciar una investigación internacional para esclarecer estos hechos, ocurridos a raíz de la represión del gobierno interino boliviano, liderado por la derechista y ultracatólica Jeanine Áñez.

La CIDH argumenta que los hechos son “extremadamente graves”, y muestra sus dudas sobre que Bolivia “esté en condiciones o en capacidad” de llevar a cabo una investigación efectiva, por ello, pide unas pesquisas lideradas por la comunidad internacional. Algo con que, apunta la comisión, el gobierno de Áñez se habría mostrado “plenamente de acuerdo”.

El informe es resultado de una visita de observación de la CIDH por “invitación del Estado” boliviano entre los pasados 22 y 25 de noviembre a cuatro ciudades de Bolivia, entre ellas Sacaba y El Alto, donde el informe documenta los peores hechos.

La comisión constata que desde los comicios del pasado 20 de octubre, que fueron luego anulados, murieron 36 personas por la violencia en el país, al menos 20 de ellas en esas dos ciudades: 10 en Sacaba el 15 de noviembre; y otras 10 en El Alto, cuatro días después.

EJECUTADOS POR POLICÍAS Y MILITARES. El estudio de la CIDH advierte de que en ambos casos fuerzas conjuntas policiales y militares “habrían abierto fuego contra la población civil”. La comisión recoge que la versión oficial niega que fueran las fuerzas del orden las que dispararan, mientras que las víctimas denuncian “represión con armas de fuego”.

“Estos hechos pueden caracterizarse como masacres, dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas”, detalle el informe.

Además, “los patrones de las lesiones que se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial”, añade.

“SESGADO Y VERGONZOSO”. Pese a que la CIDH aseguró ayer que el Ejecutivo interino boliviano está dispuesto a aceptar una investigación internacional de estas matanzas a manos de Policía y Ejército, el gobierno de Áñez denunció que el informe es “sesgado” y “vergonzoso”.

“No es un buen trabajo, y lo vamos a revertir, vamos a mostrar las pruebas de lo que ha sucedido”, aseguró el secretario interino de Gobierno, Álvaro Murillo. El alto cargo denunció que el informe solamente favorece a lo que calificó de “narcoterrorismo”, sin dar más detalles.