El Cabildo de la Ciudad de México es una institución de vanguardia en la administración pública en general; es un reto mayúsculo en materia de inclusión democrática, pues agrupa personajes y funciones de primer orden que ningún órgano colegiado local había concentrado antes en este país.

Las reglas de su instauración y funcionamiento no son producto de accidentes político-parlamentarios en los debates constituyentes de 2016; fueron deliberadamente diseñadas para generar un esquema de comunicación y cooperación políticas, que a su vez detonarán mejores términos de gobernanza democrática.

Es una novedad institucional que no debemos subestimar pues será un órgano de planeación, coordinación, consulta, acuerdo y decisión en diversas materias fundamentales para el gobierno cotidiano de la Ciudad de México. Es, además, una de las más importantes encomiendas y responsabilidades de su presidenta, la Jefa de Gobierno y de los 16 alcaldes y alcaldesas, que lo integran.

El Cabildo podrá acordar políticas, programas y acciones para el desarrollo de infraestructura, servicios, y otras actividades de interés para la ciudad, atribución nunca antes vista y que anuncia consensos políticos como filtro de serenidad y objetividad para la toma de decisiones sobre las grandes obras capitalinas o metropolitanas, valladar que asegurará acuerdo y reconocimiento sociales. Además, podrá opinar sobre los proyectos de iniciativas de ley y de cualquier otra norma que la Jefa de Gobierno promueva y que tengan un impacto en el ámbito específico de las demarcaciones territoriales.

Este nuevo órgano también fungirá como una instancia de deliberación y acuerdo sobre políticas de ingreso y gasto público, así como componentes y destino de recursos del Fondo de Capitalidad de la ciudad, materia tan controvertida siempre en el esquema de la coordinación fiscal con la federación, que ahora alentará la creación de una suerte de sistema similar pero a nivel local en el que las alcaldías no solo tendrán voz, sino que además deberán ser escuchadas.

Muy por encima de sus virtudes administrativas y normativas, que no son pocas ni menores, pero si extraordinariamente innovadoras, el nuevo órgano colegiado presenta una característica política de orden superlativo, ya delineada, que acentúa con toda premeditación su riqueza democrática: fomentará una nutrida dinámica de concertación entre las alcaldías y la administración pública centralizada, atención nunca antes dada a los gobernantes de las demarcaciones de manera formal.

Esa nueva gobernanza capitalina, legitimada social y políticamente, mandatada por la constitución política local más avanzada de México, es motivo de celebración, sí, pero también de preparación. Y no me refiero solo a la ágil Dra. Sheinbaum, que no es ninguna improvisada ni se inauguró ayer en el ejercicio de la función pública; hablo también de los alcaldes y alcaldesas que, también avezados hombres y mujeres de la política, tienen la gran oportunidad, a través de su participación responsable y informada en el Cabildo capitalino, de servir mejor a sus electores y gobernados. Hagamos votos porque los 17 enfrenten el reto con vocación y oficio, pues de eso siempre están necesitadas la gobernanza, la Ciudad y la democracia.

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