La lucha contra la pobreza es una causa justa y debemos conceder a López Obrador el mérito de haberle dado centralidad política. El problema, sin embargo, es que ha reducido esa lucha a un esquema de asignación directa a cada pobre de pequeñas cantidades de dinero.

Es evidente que este camino –que no involucra a las instituciones sociales—es equivocado para atacar con éxito el problema. Según CONEVAL, la pobreza laboral (porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria) aumentó 3.8 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 35.6% a 39.4% entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre 2021.

La pobreza es un hecho estructural y complejo que tiene siglos de existencia y que se articula a otras dimensiones sociales como la productividad, el desarrollo humano y la cultura. Combatirla, por lo tanto, exige una acción vigorosa y enérgica en muchos planos.

Los pobres no desaparecerán con una mera reorientación del gasto público. El objetivo del desarrollo es lograr que la gente viva más años y tenga una buena calidad de vida, tal es el significado del bienestar. Por eso la ONU ha dado prioridad al concepto de desarrollo humano, dejando atrás la noción reduccionista del desarrollo como desarrollo material.

“Mejorar el desarrollo humano requiere –decía Bernardo Kliksberg, en 1993— una política económica de crecimiento con sensibilidad social, una agresiva política social, estrecha articulación entre ambas y reformas en la estructura de distribución del ingreso”.

Al mismo tiempo es necesario movilizar a las comunidades pobres, elevar su grado de educación, desarrollar su capital social, estimular la participación e introducir en ellas una nueva dinámica de convivencia donde puedan vincularse creativamente los valores tradicionales con los valores de la modernidad.

Pero el combate a la pobreza debe darse, principalmente, a través de las instituciones públicas (sociales) que se ocupan de la salud y de la educación, es decir, la SSA y la SEP. Lo que nuestro presidente ha hecho en estos tres años de gestión ha sido, por el contrario, debilitar y despreciar a esas instituciones.

En su edición de julio, la revista Nexos ofrece una visión de esta conducta presidencial. Tanto la salud como la educación han sufrido un auténtico desmantelamiento. El abandono del Seguro Popular que atendía a 53.5 millones de personas la mayoría sin contar con salario, la re-centralización de la gestión, las deficiencias de la infraestructura, la deficiente provisión de medicamentos, ilustran el desastre.

La educación por su parte ha sufrido el impacto de la pandemia y el impacto del abandono tácito del ramo educativo por parte del ejecutivo. La supresión de las Estancias Infantiles fue un golpe contra las mujeres jóvenes que trabajan y contra 300 mil niños que se beneficiaban de ellas. Pero el golpe más duro fue la supresión de programas educativos exitosos como el programa Escuelas de Tiempo Completo y de los programas de Formación Continua de Docentes que recibieron atención privilegiada durante la reforma educativa de 2013. Finalmente, la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa fue, sin duda, un golpe demoledor contra la educación.