Opinión

Con la ley de educación superior en nuestras manos, avancemos

Con la ley de educación superior en nuestras manos, avancemos

Con la ley de educación superior en nuestras manos, avancemos

La Crónica de Hoy / La Crónica de Hoy

México necesitaba un marco normativo que hiciera de la educación superior un efectivo bien público y social; que garantizara la gratuidad y obligatoriedad de esta enseñanza, y que impulsara la investigación y el desarrollo en las universidades.

El proyecto de la Ley General de Educación Superior llegó el año pasado a la Cámara de Senadores; aprobado por unanimidad el 9 de diciembre de 2020, y turnado a la Cámara de Diputados, donde el martes 9 de marzo de 2021, sin cambio alguno, fue aprobado en lo general, con lo que será enviado al Ejecutivo y publicado en el Diario Oficial de la Federación, para su entrada en vigor. Al respecto cabe señalar que no se legislaba desde 1978 en que se decretó la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a pesar de los tratados de nuestro país con organismos internacionales y de las iniciativas sexenales “comprometidas” a garantizar el derecho a la Educación Superior.

De acuerdo con la ONU, la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para el cumplimiento y vigencia de otros derechos humanos; además, para los sectores marginados representa el medio de movilidad social que les permitirá salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. De igual manera, en la Observación General 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC-ONU), se precisa que el derecho a la educación también comprende el nivel superior.

En nuestro Sistema Educativo Nacional, la Educación Superior se imparte a los egresados de las diferentes modalidades de la Educación Media Superior y está enfocada a la formación profesional en los distintos campos de la ciencia, la tecnología y las humanidades, abarcando el estudio técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y posgrado, que a su vez incluye la especialización, maestría y doctorado.

Con la aprobación de la Ley General de Educación Superior, se proyecta regularizar estructuras y eliminar trabas que impiden su desarrollo, por lo que el Sistema de Educación Superior en México iniciará una renovada etapa, de acuerdo a la estructura legal construida por la Cuarta Transformación para reordenarlo, fortalecerlo y consolidarlo como uno de los principales motores de desarrollo social, económico y productivo del país.

Hoy, el Estado mexicano y en particular Subsecretaría de Educación Superior, a cargo del Dr. Luciano Concheiro, cuenta con un instrumento jurídico que permitirá, a escala nacional, garantizar el acceso a la educación superior como un derecho humano para todos los mexicanos; impulsar este nivel educativo a la altura del requerimiento de profesionales; acabar con un rezago de 40 años, y prepararse así para las necesidades y exigencias de un futuro nacional, ya en construcción.

Con base en los principios del Artículo 3° constitucional, La Ley de Educación Superior se

ha estructurado mediante 77 artículos distribuidos en siete Títulos: Del derecho a la educación superior; Del tipo de educación superior; De la educación superior en el Sistema Educativo Nacional; De las acciones, concurrencia y competencias del Estado; De la coordinación, la planeación y la evaluación; del financiamiento de la educación superior, y De los particulares que impartan educación superior, además de 18 disposiciones transitorias. Con estos apartados se establecen las bases para orientar, con visión de Estado, los criterios para el desarrollo de las políticas públicas; se crea el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, órgano colegiado para acordar acciones y estrategias, y se establecen criterios para el financiamiento correspondiente al servicio público de educación.

Así mismo, se contemplan beneficios para los estudiantes y la comunidad universitaria, como la gratuidad de la educación superior (bajo ciertas circunstancias); la reafirmación del respeto a la autonomía de las instituciones universitarias; la vinculación educativa con las necesidades de los sectores social, productivo y económico; el apoyo para la titulación de los estudiantes, y la incorporación a nivel superior de las escuelas Normales Rurales, a fin de generar consensos sobre políticas y acciones para mejorar la formación de profesores.

De igual manera se incluye un apartado para respetar los derechos laborales de los trabajadores universitarios y la obligación de que las instituciones privadas otorguen becas a cuando menos el 5% de los estudiantes matriculados. Además, esta ley está redactada con perspectiva de género, al crear modelos para que los espacios universitarios se consoliden libres de violencia y de discriminación hacia las mujeres.

En el mismo sentido la nueva legislación establece las bases para ampliar la matrícula en las universidades del país, aunque ello dependerá de la disponibilidad financiera que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), situación que se precisa en el Dictamen de la Comisión de Educación respecto del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Educación Superior.

En este sentido, la tarea de la SEP será presentar, en el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, la propuesta de un programa de Ampliación de la oferta de Educación Superior a escala nacional, regional y estatal, con metas de corto, mediano y largo plazo, y, en el mismo sentido, se apremia al ejecutivo federal a emitir el Programa Nacional de Educación Superior, a más tardar en el año 2022.

En una época tan compleja de supervivencia ante conflictos y pandemias, de conceptos y prácticas obsoletas que se niegan a desaparecer, podemos decir, de alguna manera, que acceder a la Educación Superior no sólo es una de las mayores y legítimas aspiraciones, sino una de las más exquisitas maneras de edificar nuevos paradigmas, de descubrir e inventar con originales e interdisciplinares conocimientos, y de vindicar y consolidar ese derecho humano a la educación que en el pasado reciente les fue negado a millones de mexicanos.