Entre las diversas inconsistencias de la denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR) y Conacyt en contra de ex funcionarios de la dependencia y administrativos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), se encuentran señalamientos como que la asociación civil se constituyó como una entidad privada para destinar recursos públicos de manera ilícita.

“(…) Incluso el artículo 24 del Estatuto Orgánico del CONACyT, vigente al momento de los hechos que se imputan [2013-2019] establecía que era el CONACyT quien debía proporcionar los apoyos para garantizar el funcionamiento del Foro”, señala la primera denuncia de la FGR-Conacyt, con fecha del 24 de agosto de 2021 y dirigida a un juez federal del penal de El Altiplano. Y agrega: “Disposición que no acepta interpretación, pues es claro que si el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. A.C. necesitaba un inmueble, adquirir bienes o incluso personal para su operación, estas necesidades debían ser cubiertas por el propio CONACyT a través de los medios lícitos y no que de mutuo propio el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. ejerciera el presupuesto distraído de su objeto para realizar actividades y operaciones que sobrepasaron las facultades que expresamente tenía por ley, pues aun tratándose de una persona moral privada, sus funciones y facultades no podían sobrepasar las que de manera expresa se le habían concedido al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, se reitera, independientemente de que la materialización de estas funciones se llevara a cabo por una entidad privada”.

No obstante, en entrevista, José Franco, investigador del Instituto de Astronomía, ex coordinador del FCCyT y uno de los 31 señalados, recuerda que el organismo se conformó a través de la ley vigente de Ciencia y Tecnología de 2002, en su artículo 36, misma que establece que Conacyt debe otorgarle recursos. En el Estatuto Orgánico de Conacyt se estableció que, para recibir esos fondos, se debía constituir una Asociación Civil –la actual administración reformó dichos estatutos para crear un Foro interno. “De esta forma, el FCCyT funcionó a lo largo de 18 años bajo esta legalidad, recibiendo fondos de Conacyt y haciendo informes técnicos y financieros al final de cada año, auditado por dos instancias: un despacho privado para la mesa directiva y otra por el órgano interno de control; en algunos casos incluso la Auditoría Superior de la Federación. En ningún momento en estos años han existido observaciones a estos informes, eso hace sorpresivo y extraño que la Fiscalía quiera imputar causas a algunos miembros del Foro cuando que no existen observaciones en ninguna auditoria”.

Otra inconsistencia en la denuncia, acota Franco López, es que se realizó contra personal del Foro-Conacyt en el sexenio anterior, durante el periodo de 2013 a 2019, cuando que el establecimiento y operación del FCCyT iniciaron desde 2002. “Resulta muy sorpresivo y extraño. Si los cargos que se imputan tuvieran un viso de verdad deberían ser para todos los involucrados desde 2002 a la fecha; dado que eso no sucede, entonces ninguno de los imputados encuentra lógica administrativa ni jurídica en los planteamientos realizados por la FGR”.

Franco añadió que el grupo imputado hace una invitación a la FGR a analizar los documentos administrativos del Foro que se encuentran en su página de internet: “todos los informes técnicos y financieros que ha emitido a lo largo de su existencia, así como sus aportaciones y logros. En una revisión, incluso somera, les mostraría que los planteamientos que han hecho están fuera de lugar, para darse cuenta de que están cayendo en un error”.

El FCCyT no se mandaba solo

En la denuncia que solicita orden de aprehensión de los 31 imputados de la FGR se nombra como operadores y culpables de asociación delictiva y crimen organizado a ex administrativos del FCCyT. No obstante, las decisiones tomadas en la organización eran aprobadas por su mesa directiva, la cual ahora forma parte del Foro Consultivo creado a partir de la reforma a los estatutos orgánicos de Conacyt en la actual administración. Algunos de los cuales incluso mostraron su rechazo a la persecución realizara por la FGR contra los 31 señalados. Entre los miembros de esa Mesa Directiva se encuentran:

ANUIES, UNAM, IPN, Cinvestav, Centros Conacyt, REDNACECYT, academias de la Lengua, Ingeniería, Medicina, Mexicana de Ciencias, ADIAT, Conacamin, Coparmex, Canacintra, CNA y representantes del SNI.