El miércoles en el Diario Oficial de la Federación se publicó un “Acuerdo por el que se reforman diversas disposiciones del estatuto orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”. Entre estas modificaciones reduce la conformación, independencia y estructuración del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), institución creada a partir de la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002.

Aunque la absorción que plantea esta modificación —cuya legalidad está en duda—, sería hasta la conformación de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación cuando quedará claro el futuro del FCCyT. Sin embargo, esta reforma, así como la negativa de Conacyt de financiar al Foro —establecido en la ley vigente y que derivó en un amparo que está en proceso—, avizoran las intenciones que el Consejo tiene para el Foro Consultivo.

En el Artículo 22 establece la constitución del FCCyT como órgano de consulta del Poder Ejecutivo y del Conacyt llevando a cabo las funciones que hasta ahora ha realizado, no obstante hace un cambio respecto a su autonomía: “la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico y la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación propondrán las bases de su integración, funcionamiento y organización, las cuales serán expedidas conjuntamente por su mesa directiva y el Conacyt”.

“En 2020 se emitirá una nueva Ley General de Ciencia Tecnología e Innovación en la que deberá contemplarse un espacio, igual o similar, de participación académico, social y privado”, señala en entrevista Julia Tagüeña, coordinadora del FCCyT. “Sin embargo, Conacyt decidió adelantarse y reformó el Estatuto Orgánico, publicado el 11 de diciembre de 2019, pasando por alto lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, con la que debería de ser consistente, quitando facultades al Foro y sometiéndolo a la propia Dirección del Conacyt”.

IRREGULARIDAD. Cuando una modificación regulatoria, como la reforma al Estatuto Orgánico de Conacyt, impacta a la ciudadanía (el Foro es una asociación civil) debe de someterse a un periodo de discusión en el cual la Comisión para la Mejora Regulatoria (Conamer) recibe comentarios y observaciones de ésta. De esta forma, el 2 de diciembre de 2019 se publicó en la página oficial de la Conamer la propuesta de reforma del Estatuto Orgánico de Conacyt, en un periodo que culminaría el 2 de enero de 2020.

Sin embargo, el pasado miércoles se publicó la reforma en el DOF, a la vez que en la página de consulta de la Conamer se señalaba que al no haber impacto a la ciudadanía no era necesaria la recepción de comentarios y consulta pública, aun cuando se habían vertido hasta ayer 27 comentarios, a favor y en contra, entre éstos algunos anónimos que hacen señalamientos directos a personal del Foro, así como otros, por ejemplo, firmados por los académicos Gabriela Dutrénit (excoordinadora del Foro) y Martín Puchet, que además suscriben todo el marco legal que define el funcionamiento democrático de la institución.

“Los tres cambios más críticos del Estatuto son: 1. La eliminación del FCCyT como asociación civil (…) con esto se pretende eliminar la operatividad de las funciones del FCCyT previstas en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley de CyT, que aseguran la voz de la comunidad científica, tecnológica y de innovación; 2. Se contraviene la autonomía legal otorgada al FCCyT (…) y 3. Se cambian las funciones de este órgano de expresión de la voz de las comunidades a través de la modificación en los verbos usados para definirlas”, suscriben.

El propio FCCyT emite una opinión con base en recomendaciones de la UNESCO sobre la Ciencia y los Investigadores Científicos, acerca de la autonomía y libertad en la participación de los científicos en las políticas nacionales.

Escribe que de quitarle operatividad, “se le quita la voz a la comunidad científica, tecnológica y de innovación”. Expone además que si quisiera cambiarse el diseño normativo de este mecanismo institucional entonces, “a fin de no afectar derechos fundamentales de la comunidad científica, tecnológica y de innovación, entonces debería de haber un régimen de transición, para adecuar el nuevo mecanismo institucional que garantizara lo que el FCCyT ha garantizado por 17 años”.

“Haciendo a un lado todas estas irregularidades, lo más importante y de donde no debemos quitar la mira es: ¿hacia dónde va la política pública del sector de ciencia y tecnología?”, apunta Tagüeña. “Aunque la propuesta de la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología aún no es pública, podemos anticipar que subordinará al Foro, o su figura afín, al Conacyt, haciéndolo plenamente dependiente de su Dirección General, como se hizo con las reformas al Estatuto recién publicadas”.

La científica enfatiza que la próxima ley general podría cambiarlo todo, donde el Foro puede desaparecer por completo o crearse uno nuevo ad hoc, como el del estatuto publicado el miércoles.