El Tribunal Supremo español (TS) concluyó ayer el juicio contra doce dirigentes independentistas catalanes y ahora deberá resolver si varios procesados promovieron la violencia y cometieron un delito de rebelión como la Fiscalía asegura, mientras que los abogados defensores rechazan absolutamente tal acusación.

Los soberanistas —nueve cumplen prisión provisional— fueron juzgados durante cuatro meses por la celebración en Cataluña el 1 de octubre de 2017 de un referéndum de independencia, la malversación de fondos públicos para llevar a cabo la consulta —celebrada, pese a haber sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional— y la declaración unilateral de independencia, proclamada en el Parlamento regional de Barcelona el 27 de octubre.

“Golpe de Estado”.  Según las conclusiones de la Fiscalía, el proceso secesionista catalán fue “un golpe de Estado” por medio de una “insurrección” con violencia “suficiente” y “evidente”, promovida por los acusados, que actuaron como “una organización criminal”.

La Fiscalía considera que el exvicepresidente del gobierno regional de Cataluña Oriol Junqueras fue el “motor principal de la rebelión”, para quien reclama 25 años de cárcel. Para tres acusados, entre ellos la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, pide 17 años; y penas de entre 7 y 16 años para el resto de encausados.

Sin embargo, la Abogacía del Estado, que depende del gobierno en funciones del socialista Pedro Sánchez, rebaja la condena a sedición, pues no ve probado que la violencia fuera un elemento “estructural” del plan secesionista, y pide penas de entre 7 y 12 años de cárcel.

“La fiscalía exagera”. Las defensas, que reclaman la absolución, insistieron en general en que fue un juicio “político” y que los acusados fueron procesados por su ideología independentista.

Varios abogados defensores admitieron el delito de desobediencia, que no implica cárcel, pero recalcaron que no hubo violencia ni alzamiento tumultuario, y acusaron a la Fiscalía de poco rigor, exagerar y forzar sus argumentos.