La justicia de Honduras condenó este lunes a 50 años de cárcel a cuatro de los ocho hombres acusados por el asesinato, el 3 de marzo de 2016, de Berta Cáceres, una activista ambientalista que por años lideró la lucha contra de la construcción de una represa hidroeléctrica en tierras indígenas de la nación centroamericana.

La Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional sentenció a los otros tres acusados con 30 años de prisión, mientras que un octavo acusado fue absuelto.

Según la sentencia, Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres fueron condenados a 34 años por el asesinato de Cáceres y a 16 por tentativa de asesinato contra el mexicano Gustavo Castro, quien era huésped de la ambientalista el día del crimen y único testigo del crimen.

El ambientalista mexicano resultó herido de bala en una oreja y estuvo retenido en Honduras durante varias semanas después del crimen.

Los otros tres condenados, a 30 años de cárcel como coautores del crimen, son Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez y Mariano Díaz Chávez.

Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), se oponía a un proyecto hidroeléctrico en el oeste del país a cargo de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (Desa), implicada en el crimen.

Ejecutivos de la Desa han rechazado siempre las acusaciones contra personal de la empresa por el asesinato de Berta Cáceres, quien dormía en su casa cuando fue atacada.

“A PUDRIRSE". El 30 de noviembre de 2018 la justicia de Honduras declaró culpables de asesinato y tentativa de asesinato a siete de los ocho acusados.

A la audiencia de entonces asistieron familiares de Cáceres encabezados por su madre, Austra Bertha Flores, abogados de la familia y miembros del Copinh.

“No puedo decir que siento satisfacción, pero por lo menos se hizo justicia”, dijo la madre de la ambientalista. Muy conmovida, subrayó: “Estos bandidos van a la cárcel a pudrirse” pero “a mi hija no la vuelvo a tener, no la vuelvo a besar, ni contemplar”.

La familia de Berta Cáceres insiste en que la empresa Desa, funcionarios del Gobierno y militares son parte de los “autores intelectuales” del crimen de la ambientalista, por lo que exigen que no se archive el caso y se capture a los autores intelectuales del crimen.