Esta semana circuló en las redes sociales la escena de la película la “Ley de Herodes” en la que “Varguitas” -interpretado por Damián Alcázar- arranca páginas de la Constitución que contienen derechos que le estorban para gobernar a capricho el municipio que las fuerzas vivas de la Revolución le encomendaron para sacarlo de la pobreza y el atraso. El ambicioso personaje rápidamente abandona su visión simplista de la realidad política y social con la que resuelve los problemas ancestrales que aquejan a su comunidad y la sustituye por un cinismo, mitómano, centrado en el permanente autoelogio y la ceguera existencial.

Damián Alcázar -auténtico defensor de la autollamada 4T en las palabras presidenciales- anunció en septiembre del 2020 que está preparando, con Luis Estrada, una película casi épica sobre el gobierno actual, con un guion complejísimo, que se llamará el Pueblo Bueno o Primero los pobres (El Financiero, 17-02-21). ¡Qué gran burla le reservó la vida! En el personaje de “Varguitas”, el actor a fin a Morena, ya plasmó la esencia del Presidente López Obrador, que esta semana amenazó con modificar la Constitución en lo que se opone a su proyecto político, cada vez más personal y autoritario.

“Ni una coma” o “El Poder Judicial no es el Castillo de la Pureza” son frases que revelan la intolerancia presidencial a la crítica y su desprecio al imperio de la Constitución. La narrativa del Estado de derecho que dice defender es una farsa que utiliza para justificar su estrategia de destrucción de las instituciones que se han ido construyendo en casi medio siglo. Sólo es correcto jurídicamente lo que el hace y es reprensible todo aquello que llevan a cabo los otros -sus adversarios como él los identifica en una abierta estrategia de exclusión e incluso exterminio, resumido en la frase morenista de campaña “vamos a extirpar el tumor de México”.

En este contexto, dos jueces federales -al más puro estilo del Juez Ignacio Burgoa que se opuso al autoritarismo setentero- determinan aplicar la Constitución sin miedo, a pesar de los exhortos presidenciales (¿amenazas?) y la tibieza en la defensa de la independencia judicial del Ministro Zaldívar, presidente del Consejo de la Judicatura Federal, que según un trascendido, se convirtió en un oficioso promotor del proyecto de la 4T a través de un personaje Alpízar que fue corrido con insultos de la oficina del Juez Gómez Fierro (La Política On Line, 19-03-21). El CJF desmintió este trascendido.

En el discurso mañanero, el reclamo a la indebida presión presidencial a los jueces se deformó y presentó como una dramática rasgadura de vestiduras ocultando que es una injerencia en la autonomía del Poder Judicial, cuya función es garantizar el respeto a la Constitución, que la contrarreforma eléctrica viola, lo cual reconoció implícitamente el inquilino de Palacio Nacional, cuando emulando a “Varguitas” amenazó con modificarla en aquellas partes que le estorban.

La verdadera conmemoración del aniversario de la promulgación de nuestra Constitución de 1917, la cotidiana, es aquella que tiene como paradigma las suspensiones provisionales decretadas por los jueces federales a pesar de que era esperable el enojo presidencial y el ignominioso alineamiento del presidente de la Corte a un proyecto político, quien no debiera inclinar la balanza a favor de ningún grupo político en contra de lo dispuesto en el máximo ordenamiento del país. La función de los jueces es conceder la protección de la Justicia de la Unión cuando se viola la Constitución.

Duele a los “Varguitas” que en el último cuarto de siglo se haya fortalecido al Poder Judicial, se haya reconocido un paradigma jurídico basado en los derechos humanos y se hayan eliminado los monopolios estatales en el mercado energético. La pérdida del control duele y la batalla ilegítima que hoy libra el gobierno de la autollamada 4T es para arrebatarle a la sociedad -alegando una supuesta inspiración neoliberal- la alianza con los jueces que la defienden de la arbitrariedad mediante el amedrentamiento y quitarle la posibilidad de acceder a mejores tarifas de electricidad eliminando la competencia y estatizando las decisiones económicas.

No basta la mayoría con que fue electo el presidente. Todo poder legítimo se debe ejercer con las limitaciones constitucionales. López Obrador requiere mayorías legislativas calificadas para modificar la Constitución y su rabieta mañanera en un deseo de regresar al pasado autoritario en el que los cambios constitucionales eran el proyecto político de un solo hombre.

“¡O se chingan, o se joden!”, diría Damián Alcázar, en su interpretación de Varguitas en imitación premonitoria de su admirado presidente. La película de la autollamada 4T ya se la filmó en 1999 dirigida por Luis Estrada y se llama la Ley de Herodes. Esperemos que haya jueces que conmemoren cotidianamente a la Constitución garantizado su vigencia efectiva y así confirmen la independencia del Poder Judicial.

Socio director de Sideris, Consultoría Legal

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