Aleida Azamar Alonso*
 

En los últimos 30 años México se ha convertido en uno de los núcleos mineros más importantes de la región latinoamericana, se podría pensar que a mayor tamaño de las empresas también se genera un nivel de beneficios financieros públicos que crecen de manera proporcional, debido a impuestos, trabajos generados, cadenas de valor, etc.; esto es cierto de forma parcial, ya que los ingresos se concentran entre los empresarios, mientras que los efectos negativos, como la pobreza, se transfieren a las comunidades por efecto del nulo aporte a la economía municipal, pocos puestos de trabajo con escasa movilidad, entre otras cosas.

El éxito empresarial de la minería no se traduce en ­bienestar para la sociedad, esto se demuestra a través de los datos públicos del sector (aquí sólo se revisan del 2010 al 2017), observando un gran enriquecimiento privado a la par de un proceso de precarización en las poblaciones más productivas para este sector.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía (2018), la minería extractiva (exploración-extracción) ha aportado entre 0.9 y 1.1% del Producto Interno Bruto (PIB) en ocho años, si se considera a la metalurgia la contribución representa entre 2.5 a 3%. Por otra parte, la tributación de este sector es 0.32% a los ingresos federales. En cuanto a la generación de empleo, para la explotación y exploración, se generan 0.6% de la oferta nacional, sin varianza en estos ocho años. Si además se considera la fabricación de productos minerales no metálicos, la oferta es de 1.3 %.

En contraste a lo que parece ser un sector débil, su volumen de producción en oro, plata y cobre (los tres metales más importantes de la minería nacional, que aportan 72% de su valor) se ha incrementado, casi sin interrupciones (excepto para el oro en 2016 y 2017 que presentó una caída de 3.5%, pero esto fue un fenómeno global que actualmente ya se está superando). Por otra parte, durante el periodo 2010 a 2017, la cantidad de proyectos mineros en el país se duplicó, pasando de 670 a más de mil 350, la mayoría de los cuales están en fase ­exploratoria y más de 50% de éstos se enfocan en los metales anteriores. Asimismo, gran parte de dichas actividades se encuentra en las entidades de Sonora, Zacatecas, ­Chihuahua, Durango y Coahuila.

Por un lado, la minería parece un sector con poca participación en la economía y en la creación de empleo; por otro, existe un pujante sector empresarial muy interesado en la exploración y la creación de proyectos, por lo que al revisar la situación de algunas empresas se encuentra lo siguiente (lo que ayuda a entender el interés en esta actividad):

Entre el año 2010 y 2011, el beneficio económico neto de Grupo México (uno de los principales productores de cobre en el mundo) aumentó de 1,627 millones de dólares (mdd) a 2,439 y aunque ha disminuido gradualmente esos beneficios por la volatilidad del mercado, la disminución de los precios del metal, la contracción de la demanda internacional y los múltiples desastres ambientales que acumula; en 2017, su principal y más importante subsidiaria Southern Copper Corporation, se colocó como la séptima empresa minera internacional con mayor capitalización bursátil, valuándose en 28 mil mdd.

Mientras que una de las principales extractoras de oro y plata a nivel mundial, Fresnillo PLC, subsidiaria de Industrias Peñoles, entre 2010 y 2011 el comportamiento en sus ingresos varió de 979 mdd a 1,563 mdd, los cuales, en años posteriores, al igual que con Grupo México, tuvieron variaciones negativas por las mismas condiciones del mercado. Esta empresa ostentó el lugar 17 en el mismo ranking que Southern Copper Corporation, con una valoración de 17 mil mdd.

En contraste, ¿qué sucede en las entidades y comunidades mineras más importantes del país? En 2017, en Sonora, Chihuahua y Durango, la pobreza estuvo apenas por debajo de la media nacional y en Zacatecas se encontró casi 10% por arriba. En estas entidades se ubican 50.2% de los proyectos de Grupo México y 78.2% de las minas de Industrias Peñoles (Azamar, 2018). En el análisis de Olivera (2018) se menciona que, de los 20 principales municipios dedicados a estas actividades, en 47% la prevalencia de la pobreza entre sus pobladores era superior a la media nacional y en 9% la situación se repetía para la pobreza extrema.

En todas estas comunidades la minería es una tradición que en algunas ocasiones lleva más de 100 años en ejecución con pausas por conflictos o debilidad del mercado. Es decir, la explotación de la tierra para el enriquecimiento privado no ha sacado de la pobreza a estos lugares y en algunos casos la situación incluso se ha deteriorado, como en Mazapil, Zacatecas y en San José del Progreso, Oaxaca, entre otros.

Si bien las empresas mineras mexicanas no son responsables directas de la pobreza en estas zonas del país, sí existe relación con la persistencia de las condiciones de vida adversas en los municipios en donde llevan a cabo sus actividades. Además, no son los únicos actores del sector ni los más grandes, pues la participación de estas dos compañías en el total de la minería nacional es relativamente marginal en términos cuantitativos, ya que representa menos del 8% del total de las empresas mineras (también laboran en el país compañías extranjeras como: Gold Corp, Endeavour Silver Corp., Great Panther Silver LTD, entre otras, que tienen el control de 92% de este sector).

Por lo comentado, es fundamental reflexionar sobre: ¿cuáles son sus aportaciones en esta actividad y para quién?, ¿de qué forma contribuye dicha actividad al bienestar del país y de la sociedad?, y ¿por qué mantener esta actividad a cambio del empobrecimiento de las comunidades?

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Profesora-investigadora del Departamento de Producción Económica, de la Unidad Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Correo: gioconda15@gmail.com