Opinión


Constitución, la plaza en riesgo

Constitución, la plaza en riesgo | La Crónica de Hoy

De muchas y cotidianas maneras el gobierno incumple la Constitución. Después de un siglo de reformas y actualizaciones, gracias a las cuales ha podido permanecer vigente, nuestra carta magna tiene como eje a un presidencialismo con amplias atribuciones pero modulado por un amplio sistema de contrapesos. El fortalecimiento del Poder Judicial, la diversidad y las capacidades del Congreso, la confiabilidad de las elecciones y el sistema de partidos, las obligaciones de transparencia así como la autonomía de variados organismos reguladores, conforman esa estructura que equilibra la concentración excesiva de poder y eventualmente atempera, o incluso sanciona, errores y abusos del gobierno.

Los gobernantes, por lo general, detestan los equilibrios. La fiscalización de otras instancias del Estado les resta capacidad de mando, les quita tiempo y complica las decisiones discrecionales. Pero mientras más sólidos son sus equilibrios, el sistema político es más democrático porque los riesgos de absolutismo son menores.

Al licenciado Andrés Manuel López Obrador los equilibrios institucionales le irritan sobremanera. La tendencia del ahora presidente a concentrar el poder, fue acentuada por la amplia votación que recibió en julio. El escrutinio informal de la sociedad organizada y de los medios de comunicación le estorba y, entonces, lo elude o descalifica. El escrutinio formal de las instituciones que junto con el gobierno conforman al Estado, trata de diluirlo o incluso hace lo posible para abolirlo.

La magistrada electoral Janine M. Otálora renunció a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El organismo que califica las elecciones había tomado decisiones muy controvertidas. Varias de ellas no fueron peores gracias a la moderación que la doctora Otálora supo incorporar a las decisiones del Tribunal. El reconocimiento a la elección que ganó en Puebla la candidata del PAN Martha Erika Alonso, que luego murió en el accidente aéreo del 24 de diciembre, le disgustó ostensiblemente al presidente López Obrador.

Esa decisión, pero sobre todo el irracional desprecio que según todos los indicios orienta la actitud del Presidente de la República hacia los organismos electorales, ocasionó la dimisión de Otálora. De manera comedida pero críptica, ella simplemente informó el 23 de enero que renunciaba a la presidencia para “facilitar la transición del Tribunal” ya que “la vida institucional de México vive una nueva época”.

Sin duda hay novedades en la vida pública. Pero no por ello tendrían que cambiar los funcionarios a cargo de organismos como el Tribunal Electoral que, precisamente para estar a salvo de vaivenes políticos, cuentan con garantías constitucionales. La magistrada dijo que su decisión era “personal, ética y política”, pero dejó en la penumbra los motivos de esas consideraciones.

El periodista Roberto Zamarripa, el 28 de enero en Reforma, ofreció la explicación que la magistrada no pudo o no quiso dar. El consejero jurídico de la presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, promovió la renuncia porque la magistrada avaló la legalidad de la elección en Puebla. Ese funcionario amenazó a otros magistrados con la desaparición del Tribunal Electoral con el pretexto de que resulta muy costoso. De acuerdo con la misma versión el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, colaboró con Scherer para presionar a la magistrada Otálora. Para reemplazarla en la presidencia del Tribunal los magistrados designaron a Felipe Fuentes Barrera, que resulta más simpático a los conciliábulos de la 4T.

Esa información no ha sido desmentida. La intervención de la presidencia de la República y del presidente de la Corte fueron escandalosamente irregulares. Con recursos así, las salvaguardas constitucionales que tiene el Poder Judicial para resistir amagos de otras instituciones del Estado son anuladas con presiones casuísticas.

Algo similar sucedió en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que cuenta con una red nacional de televisión y produce contenidos para medios públicos. La reforma constitucional 2013 en materia de telecomunicaciones y radiodifusión creó al SPR y le dió autonomía para que su titular no dependiese de la llegada o salida de cada gobierno. Por eso el presidente del SPR es designado por el Senado a propuesta del Ejecutivo Federal.

Desde su creación hace cinco años el SPR fue encabezado por Armando Carrillo Lavat, un funcionario en extremo circunspecto a quien no le interesó que ese organismo tuviera notoriedad y cumpliera con el servicio público al que está obligado. Nadie o casi nadie conoce el Canal 14, aunque transmite en señal abierta desde hace varios años.

La gestión de Carrillo finalizaba el próximo 7 de octubre. Sin embargo el Presidente de la República tenía prisa para colocar al frente del SPR al periodista Jenaro Villamil. No podía hacerlo porque el nombramiento de Carrillo era inamovible. La solución fue llamar al director del SPR y persuadirlo para que dejara el cargo. La autonomía constitucional del Sistema Público quedó desbaratada con esa maniobra.

En la Suprema Corte el presidente López Obrador coloca a sus favoritos, por encima de cualquier otra consideración. La terna para reemplazar a la ministra Margarita Luna, quien llega al final de su gestión, está formada con tres mujeres de la 4T. Cada una tiene méritos propios pero ha sido imposible no calificarlas por su cercanía al grupo en el gobierno. La doctora Loretta Ortiz organizó los llamados foros de pacificación del nuevo presidente. La exjuez Celia Maya ha sido candidata de Morena. Yasmín Esquivel es esposa de José María Riobóo, el contratista favorito de López Obrador.

En noviembre pasado, en su despedida como ministro de la Corte, el doctor José Ramón Cossío advirtió el peligro que puede  significar, para los contrapesos constitucionales, la formación democrática de una amplia mayoría: “La democracia en el apoderamiento de los órganos del Estado está suponiendo que pueda hacerse desde los órganos del Estado lo que venga en gana, que porque a final de cuentas se tiene un gobierno legítimo y mayoritario. La función central de la justicia constitucional es precisamente retener esos intentos”. Por eso, explicó, se requieren “jueces que estén sosteniendo una plaza que es la Constitución”.

Para defender y fortalecer esa plaza en riesgo que es la Constitución se necesitan jueces y órganos autónomos con auténtica independencia. Al gobierno, no le gustan.

 

 

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