Opinión


Construyendo políticas públicas con enfoque de derechos humanos

Construyendo políticas públicas  con enfoque de derechos humanos | La Crónica de Hoy

Abigail Rodríguez Nava*

 

En la actualidad, son conocidas las prescripciones para la ­construcción de políticas públicas en los distintos componentes de su ciclo: diseño, implementación y evaluación; esto lo debemos a las contribuciones realizadas por académicos pioneros en el tema, a los apoyos de distintas instituciones de educación superior que incluso cuentan con formación especializada a través de programas de posgrado, entre las que se encuentran la Universidad de Gudalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; y lo debemos también a la cooperación entre centros de investigación y organismos extranjeros, entre los que resalta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Si en la metodología tradicional, el diseño de una política pública tiene como base la atención de las necesidades de la población o la solución a un ­problema que se considera público, en el enfoque basado en derechos humanos, los objetivos se definen atendiendo a las obligaciones del Estado que conducen a asegurar el disfrute y ejercicio efectivo de esos derechos.

Así, bajo este enfoque, son referencias los compromisos asumidos al recono­cer los derechos humanos como intrínsecos a las personas y cuyo contenido esencial se encuentra detallado en los tratados internacionales; es importante destacar que esta visión surge formalmente en 1993 con la Declaración y Programa de Acción de Viena, derivada de la ­Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada el mismo año, donde no sólo se reconoció su universalidad, sino que los estados adquirieron el compromiso de construir las políticas públicas para asegurar el disfrute de ­esos derechos, y se aceptaron como pertinentes e indispensables los instrumentos jurídicos internacionales de protección.

Las políticas públicas con enfoque de derechos humanos se caracterizan también por el propósito de eliminar la discriminación estructural que han padecido grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad, discriminación que ha sido motivada por razones de género, edad, preferencias sexuales, condición migratoria, etnia y situación económica, entre otras; y respecto a la cual el gobierno ha sido muchas veces omiso. Lo que requerimos es construir programas que favorezcan la igualdad de oportunidades, se busca la igualdad sustantiva que implica igual capacidad de decisión y respeto a la dignidad de las personas.

Los programas de transferencias ­monetarias condicionadas, que asignan recursos públicos a sectores focalizados de la población para facilitar el acceso a ciertos bienes y servicios, son oportunos cuando se trata de acciones afirmativas que precisamente pretenden lograr la igualdad sustantiva o eliminar la discriminación estructural y propiciar cambios efectivos de largo plazo, no deben plantearse ni funcionar como programas asistencialistas porque sus efectos son sólo de corto plazo.

Las políticas públicas con enfoque de derechos humanos deben, además:  partir del diagnóstico de la problemática que afronta la población y del ­contexto social, económico, político y cultural; asegurar el cumplimiento de los principios de: universalidad, ­indivisibilidad, interdependencia e inalienabilidad; asegurar la satisfacción de los principios de aplicación: contenido esencial del derecho, progresividad, prohibición de regresión y el máximo uso de los recursos disponibles; propiciar la participación de la población en cada fase del ciclo de las políticas públicas; incluir en todos los programas públicos estrategias transversales que ­propicien la adopción del enfoque de derechos humanos tales como la ­igualdad y no discriminación, la perspectiva de género y la coordinación interinstitucional; introducir mecanismos de evaluación que no se limiten a la cuantificación de los apoyos otorgados por los distintos programas, sino que evalúen el impacto generado entre la población.

En México, se han tenido avances importantes en el reconocimiento de los derechos humanos a través de la legislación, los mejores ejemplos son la reforma del año 2011 a la ­Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Carta de Derechos de la Constitución Política de la Ciudad de México. En el primer caso, se transitó hacia el reconocimiento explícito de los derechos, se logró la precisión de las obligaciones del Estado en la materia y se admitió el carácter vinculante de los tratados internacionales, así como el principio pro persona para la interpretación y la aplicación de las normas asociadas.

La Constitución de la CDMX resalta por ser pionera en la inclusión de varios derechos como son: a la Ciudad, a la vida digna, al desarrollo sustentable, al espacio público, al medio ambiente sano, y a la buena administración pública; pero también destaca por introducir líneas de gestión para que el ejercicio de esos derechos sea posible. Por supuesto, este enfoque en las políticas públicas no sólo se traduce en catálogos de buenas intenciones, pero su inclusión en la legislación y la ­orientación expresa hacia éste en los programas públicos es un primer ­paso de avance. Otro progreso visible ha sido la renovación de las reglas de ­operación de varios programas para que sean congruentes con el enfoque.

Un elemento esencial es la visibilidad de las omisiones del Estado que han conducido a graves violaciones de derechos humanos como los casos de tortura, desapariciones forzadas, ­feminicidios y distintas formas de discriminación hacia comunidades en situación de vulnerabilidad; sin duda, a ello debe seguir la admisión por parte del Estado de su responsabilidad y más allá de esto se requiere instrumentar mecanismos para que no ocurran nuevamente situaciones tan deplorables.

Además, hay que subrayar que ­construir políticas públicas con­ ­perspectiva de derechos humanos implica asegurar que cada uno de los programas públicos y cada acción de ­gobierno se oriente a garantizarlos, protegerlos, promoverlos y respetarlos; ello implica mejorar la forma como las personas nos involucramos, la manera como participamos en las decisiones y los procedimientos por los que intervenimos a través de los mecanismos de exigibilidad.

 

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Profesora-investigadora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco UAM, maestra en Derechos Humanos y Democracia por FLACSO–México

 

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