Pablo Xavier Becerra Chávez*
 

El 14 de marzo del presente año se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación del mandato, con 329 votos a favor, 153 en contra y dos abstenciones, gracias al bloque mayoritario integrado por Morena, PT, PES y PVEM. Esa minuta sería discutida en el Senado, pero hasta el momento no se ha llegado a su aprobación, ni en el periodo ordinario ni en el extraordinario de hace unos días, debido a la formulación que el partido del Presidente ha hecho de la revocación del mandato.

Esta reforma modificó algunas características de la consulta popular, prevista en el artículo 35 constitucional, con la finalidad de hacerla más accesible a la ciudadanía y reducir los obstáculos que contiene su formulación vigente. Así, el requisito para que la ciudadanía pueda solicitar una consulta baja del dos al uno por ciento de la lista nominal de electores; la participación ciudadana para que su resultado sea vinculatorio baja de 40 a 25 por ciento de la misma lista; se establece que la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver sobre la constitucionalidad de la consulta, debe “interpretar las disposiciones constitucionales conforme a lo que resulte más favorable al derecho ciudadano”; y, finalmente, plantea que la consulta podrá realizarse en cualquier momento, a diferencia del texto actual, según el cual la consulta solamente se puede realizar el día de la jornada electoral (Minuta…14 de marzo de 2019).

Lo aprobado mantiene la atribución del Instituto Nacional Electoral en la verificación del apoyo ciudadano a la solicitud, así como en la organización de la consulta. De la misma manera, se conserva lo relativo a la impugnación de las resoluciones del INE en la materia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De hecho, hasta hoy no se ha realizado una sola consulta ciudadana bajo la figura prevista en el artículo 135 constitucional, aunque hubo varias solicitudes en el pasado reciente, debido a que la SCJN decidió que los temas planteados no podían ser objeto de dicha consulta. El riesgo de la nueva redacción es la frivolización de la figura y la proliferación de consultas sobre cualquier tema en cualquier fecha, incluso que pueda haber varias consultas en el mismo año.

La gran novedad en esta materia es la introducción de la figura de revocación del mandato, que implica la posibilidad de que la ciudadanía pueda expresarse por medio de su voto sobre la permanencia o, en su caso, la terminación del encargo de un representante o gobernante emanado del voto popular. En el artículo 35 constitucional se establece lo correspondiente al Presidente de la República, cuya consulta revocatoria será organizada por el INE; mientras que en el artículo 41 y en el 116 se establece la revocación del mandato de los gobernadores. Finalmente, el artículo 122 establece lo correspondiente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Estas consultas serán organizadas por los OPLE respectivos.

En el caso de la revocación de Presidente será el TEPJF la instancia que resuelva las posibles impugnaciones, mientras que para los gobernadores los artículos 116 y 122 plantean que las leyes electorales de cada entidad establecerán lo correspondiente.

La revocación que ha despertado polémica es la que se refiere al Presidente de la República, debido, al menos, a dos razones: la primera es que se le otorga el derecho a solicitarla, además de a un tercio de cualquiera de las cámaras o a un tres por ciento de la ciudadanía, al mismísimo Presidente, lo cual es un contrasentido, porque esta figura es una prerrogativa de la ciudadanía y sus representantes, no del gobernante. Tal como la ha formulado el partido mayoritario, el propio Presidente puede convocar a la consulta para revocar su mandato, o más bien ratificarlo. En realidad, de esto se trata, de una consulta para la ratificación del mandato. En ninguno de los países que tienen esta figura —que son muy pocos, en América Latina solamente tres— se le otorga el derecho de convocarla al Presidente.

La segunda razón es que el texto aprobado por la Cámara baja establece que la consulta se realizará el mismo día de la elección intermedia, junto a la elección de diputados federales. Esto significa que el Presidente encabezaría la campaña de sus candidatos a diputados. Estas dos razones explican que la minuta, hasta el momento de escribir estas líneas (8 de julio de 2019), no ha sido aprobada en el Senado, debido a la negativa de la oposición a aprobar este modelo de revocación, que está hecho a la medida de la campaña electoral permanente del presidente López Obrador.

Por lo demás, parece adecuado que la reforma establece que la consulta tendrá efectos vinculatorios si participa al menos el equivalente al cuarenta por ciento de la lista nominal de ciudadanos.

En vano se buscaron opciones para la fecha de la posible consulta. AMLO propuso que fuera el 21 de marzo del año de la elección intermedia, unas semanas antes de iniciar las campañas electorales, y, ante el rechazo de la oposición, propuso que se realizara el primero de diciembre, al cumplir los tres años de su gobierno. Hay que recordar que en el Senado el bloque mayoritario está lejos de la mayoría calificada, por lo que requiere el apoyo de alguno de los partidos opositores para alcanzarla. Al parecer, hasta ahora no lo ha logrado.

AMLO parece conceder virtudes mágicas a la realización de la consulta de ratificación (que no de revocación) a la mitad de su gestión. El 21 de junio dijo: “Espero ganar en esa consulta para continuar y entonces sí me va a alcanzar el tiempo para recorrer todos los municipios” (Forbes, 21 de junio de 2019), como si eso pudiera alargar mágicamente su sexenio. Estas afirmaciones evidentemente se prestan a pensar que en algún momento, debido a su triunfo en la consulta de revocación/ratificación, podría plantear su reelección, tanto para recorrer todos los municipios del país, como para terminar todo lo iniciado en su gobierno. Por el momento solamente se trata de una especulación, pero lamentablemente del actual Presidente se puede esperar cualquier cosa.

* Profesor-investigador del ­Departamento de Sociología de la Unidad ­Iztapalapa de la Universidad ­Autónoma Metropolitana