Los delitos como corrupción y encubrimiento — cometidos por servidores públicos—, así como la utilización de recursos de procedencia ilícita, extorsión y el huachilcoleo, serán motivo de extinción de dominio en la CDMX.

Ayer el Congreso capitalino avaló la reforma constitucional de los artículos 22 y 73 en materia de extinción de dominio; antes de estas modificaciones, la extinción sólo aplicaba a ilícitos como delincuencia organizada, robo de vehículos, secuestro, ilícitos contra la salud y la trata de personas.

Con esto, los diputados locales se sumaron a los otros 12 Congresos que conforman el Constituyente Permanente y que han aprobado la minuta enviada por el Congreso de la Unión por la cual se reforma la Constitución mexicana.

Esta participación del Congreso de la Ciudad de México en el Constituyente Permanente no ocurría desde 1824, y deriva de la entrada en vigor de la Constitución de la capital del país, la cual le da un estatuto como entidad federativa y con la cual dejó atrás a la antigua Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Los diputados de Morena fueron los encargados de dar el dictamen desde la tribuna. El legislador Nazario Norberto señaló que al avalar la extinción de dominio se brindarán mayores elementos a la autoridad, tanto en materia penal como en las cuestiones económicas de la ciudad.  Destacó que con esta reforma se permitirá la recuperación de activos financieros obtenidos por actividades ilícitas.

Mientras que el diputado Eduardo Santillán, también de Morena y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, destacó que por primera ocasión en la Ciudad de México “ejercemos nuestro derecho a modificar el texto constitucional federal”.

La bancada del Partido Verde comentó que las modificaciones al artículo 22 de la Constitución Federal replantean la figura de la extinción de dominio, ya que actualmente se vincula su procedencia con la acreditación de elementos relacionados a un proceso penal, lo que dificulta su desarrollo y su conclusión efectiva.

Por lo que ahora se realizaría por el Ministerio Público, a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónoma al procedimiento penal.

Mientras que Jorge Gavió, del PRD, comentó que aumentar el catálogo de delitos graves ocasiona que los propios diputados se conflictuen con la sociedad.

“Se están metiendo en camisa de once varas, porque la presión política ahora va a aumentar para que se aumente cada vez más este catálogo de delitos”, agregó el perredista.