La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó este jueves al presidente, Donald Trump, entregar sus impuestos a la Fiscalía del Distrito de Manhattan que le investiga, pero consideró que la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, aún no puede acceder a esos documentos.

El fallo supone un golpe al mandatario republicano, que se ha resistido a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, algo que sí han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia.

Aunque deja fuera a la otra parte querellante -la Cámara de los Representantes, controlada por los demócratas- la máxima instancia judicial estadunidense resuelve así parte de la batalla legal que Trump llevó hasta el final con el fin de mantener en secreto sus cuentas. Además, la decisión -tomada por una mayoría de siete votos contra dos- marca los límites sobre el poder de los presidentes para frenar las demandas de información por parte del Congreso y los fiscales.

Se trata del mayor asunto de esta índole que la máxima autoridad judicial asumía desde el caso Watergate, que obligó a Richard Nixon a revelar las grabaciones de sus conversaciones en el Despacho Oval.

El Tribunal Supremo de EU ha decidido este jueves que el presidente Donald Trump no puede bloquear la información financiera y fiscal que le reclama la Fiscalía de Distrito de Manhattan.

En concreto, la Corte Suprema falló a favor de la querella del fiscal Cyrus R. Vance, quien exigía las declaraciones fiscales y financieras de Trump y su grupo de empresas, desde el año 2011 en adelante, pues ahí se podría encontrar la pista del dinero que llegó al bolsillo de la actriz de cine pornográfico de nombre artístico Stormy Daniels, quien asegura que mantuvo relaciones sexuales con el hoy presidente. Según la denunciante, el entonces abogado personal de Trump, Michael Cohen, fue quien le hacía los pagos.

Por contra, los jueces no consideraron procedente la demanda del Comité de Supervisión y Reformas de la Cámara Baja de obtener la información fiscal de Trump para ver si alteró el estado de sus finanzas y activos con el fin de obtener préstamos y rebajar el pago de impuestos. Tampoco procede la exigencia de los Comités de Servicios Financieros y de Inteligencia de obtener acceso al historial financiero del presidente, sus empresas y familia.

Los abogados del republicano alegaron que el Congreso no tenía necesidad legítima de toda esa información para seguir sus investigaciones y, en el caso de la Fiscalía de Manhattan, ponen sobre la mesa la inmunidad del presidente mientras ocupe el cargo. La interpretación constitucional del Departamento de Justicia establece que los mandatarios no son procesables por la justicia común y por eso sólo pueden someterse a procesos de impeachment en el Senado (como el celebrado a principios de año a raíz del escándalo de Ucrania, y que logró salvarlo gracias a la mayoría republicana).

Además, Trump siempre ha alegado que estas demandas suponen en realidad represalias políticas, ya que la Cámara baja está controlada por la oposición y el fiscal Cyrus R. Vance es también demócrata.

Históricamente, los candidatos presidenciales han hecho públicas sus declaraciones de impuestos en Estados Unidos, excepto Trump, que rompió ese pacto no escrito y siempre se ha negado a mostrarlas.