Opinión


Costos de la democracia. El presupuesto del INE

Costos de la democracia. El presupuesto del INE | La Crónica de Hoy

Con la presentación, hace unos días, del “Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020” (Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, Iniciativa de Ley de Ingresos y Criterios Generales de Política Económica), ha dado inicio un debate que habitualmente se constreñía a los especialistas, pero que está adquiriendo una creciente atención ciudadana a partir de la política de austeridad en boga. Las próximas semanas observaremos un intenso cabildeo alrededor del presupuesto que habrá de aprobar la Cámara de Diputados para las diversas dependencias, poderes, órganos autónomos y empresas del Estado. Aunque con la presencia predominante de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados el margen de maniobra o negociación es limitado.

Y es que las instituciones del Estado no son entelequias. Son organizaciones cuya existencia y ejercicio de las funciones que la ley les encomienda implican la aplicación de recursos públicos. Sus capacidades de acción, ciertamente, dependen de la capacidad profesional e intelectual de los funcionarios que las integran, pero también de los recursos económicos de que disponen para sus actividades.

Un prejuicio recurrente, acentuado hoy, tacha de ineficaces sus acciones e ineficiente y hasta corrupto su manejo de los dineros que les han sido confiados. Uno más, al uso y abuso de nuestros tiempos, sin más, acusa de onerosa su existencia e irrelevantes los bienes públicos que producen.

El Instituto Nacional Electoral (INE) no escapa a tales prejuicios. Algún conductor de noticiero televisivo preguntó a su audiencia qué haría cada quien con el 1.5 millones por hora que cuesta al erario la existencia del INE. Hay absurdos más sutiles, como comparar el presupuesto del INE con países de tamaño similar al nuestro, pasando por alto las agudas diferencias institucionales y procedimentales y su inevitable expresión presupuestal; los afanes de espectacularidad declarativa suelen olvidar el principio básico del método comparativo: que los dos objetos a comparar deben ser similares y eso no se reduce a que en uno y otro lado se hagan elecciones.

La autoridad electoral administrativa ha solicitado un presupuesto que asciende a $12,493.36 millones de pesos para 2020. Representa el 0.21 por ciento del presupuesto de egresos de la Federación, calculado en 6 billones13 mil 201 millones. Es un monto considerable, pero no necesariamente injustificado. Como ocurre con la casi totalidad de los entes públicos, el INE es “una organización de capítulo 1000”, es decir que la parte fundamental de su presupuesto se destina a servicios personales, arrendamiento de instalaciones y servicios básicos, por un monto de $10,381 millones de pesos. Los otros $2,112 millones fondearán proyectos estratégicos como los trabajos iniciales de 2 elecciones locales (Coahuila e Hidalgo) y la elección federal intermedia de 2021, pues no debe olvidarse que el año electoral inicia en el mes de octubre anterior al día de la elección (primer domingo de julio). El mantenimiento del padrón electoral y la expedición de credenciales para votar prevé un gasto de 236 millones, en tanto que la actualización de los sistemas y seguridad informática requerirán un gasto cercano a 149 millones.

La revisión de cada uno de los conceptos de gasto en el llamado Programa Operativo Anual, muestra que los recursos se pretende aplicarlos a actividades pertinentes, indispensables para preservar la autenticidad de los procesos electorales y el fomento a la construcción de ciudadanía. En términos reales, hay una disminución de 1.12% del gasto corriente respecto de 2109, que sin embargo se ve opacada por un crecimiento de 6.35% en el gasto total, explicado por los trabajos iniciales para las elecciones locales de 2020 y federal de 2021. Empero, llama la atención que se pretenda destinar 28.3 millones a la muy intensa labor de fiscalización y casi lo mismo 28.1 a la igualmente relevante pero menos compleja y extendida labor de transparencia y protección de datos personales, en tanto que la designación de consejeros locales y cuidado de las obligaciones de equidad y legalidad partidaria, entre otros, implicarán un gasto de 160.4. No obstante, nadie puede negar que se trata de actividades trascendentes, imposibles de realizar en condiciones de penuria presupuestal.

Se trata, hay que decirlo, de un presupuesto razonable, dada la magnitud y complejidad de las tareas a emprender. No obstante, son esperables las reacciones de rechazo y los llamados a reducir gastos. De nueva cuenta, el debate presupuestal se desplegará en el terreno de las generalidades, las animosidades y las pretensiones de ahorro forzoso. En tono plañidero, escucharemos reiteraciones de las múltiples necesidades sociales que aquejan al país, como si la celebración de comicios creíbles, de calidad democrática, no constituyera una base necesaria, aunque no suficiente, para nuestra convivencia social y la construcción de una mejor deliberación pública en torno a los problemas nacionales y sus rutas de solución.

La democracia cuesta, pero la falta de democracia resulta aún más costosa para el país. No falta razón a quienes se pronuncian por la disminución del costo de la democracia, pero los recortes presupuestales sobre bases puramente presentidas pueden conducirnos al logro de ahorros nimios coexistiendo con efectos sociales catastróficos. “Nos saldría más caro el caldo que las albóndigas”, dirían, sabiamente, las abuelas.

Sin embargo, el año 2020 representa una oportunidad para un análisis minucioso que logre ahorros efectivos sin deteriorar la calidad de nuestros procesos comiciales. Iniciemos por admitir un pecado de origen: el INE nació viejo, en términos organizacionales. Adoptó un modelo departamentalizado que no favorece la colaboración y, en su sobreespecialización, exige la creación de nuevas estructuras ante cualquier nueva tarea. Conviene, por un lado, estudiar la introducción paulatina y prudente de modelos más orientados a la multifuncionalidad y polivalencia y, por el otro, emprender una cuidadosa reingeniería organizacional que podría disminuir plazas redundantes pero que, sobre todo, permitiría la reasignación y mejor aprovechamiento de los recursos humanos.

Nuestro sistema electoral nació y ha crecido en un entorno de desconfianza que hizo necesaria la introducción de numerosos “candados” en la norma electoral y en los procedimientos. De ahí lo costoso del sistema. Pero también es necesario reconocer que el IFE y ahora INE se vio favorecido por presupuestos que no se regateaban debido a que la prioridad social era el logro de comicios creíbles. Se lograron, pero la cultura organizacional debe tomar consciencia de que el ánimo social y político ha cambiado.

Por un lado, es necesario obrar en consecuencia para revisar la eficacia de los muchos mecanismos de seguridad que encarecen nuestra democracia. La boleta electoral, por ejemplo, contiene más “seguros” que un billete: impresas en papel seguridad con tramas visibles e invisibles, con registro perfecto, folio, marca de agua, “nulo pantográfico”, microimpresiones y más que no han sido evaluados respecto de su eficacia y necesidad, en un entorno en que la autenticidad de las boletas no ha sido objeto de controversia, ni mucho menos de recursos legales.

Por otra parte, no hay que perder de vista que en el ámbito político la forma en que se ejerce la administración institucional tiene consecuencias políticas. Perogrullo diría “en política toda acción tiene consecuencias políticas”. Es necesario recuperar la experiencia breve, limitada y trunca de la Comisión Temporal de Modernización, que a pesar de todo vislumbró un rumbo de transformación racional de la estructura organizacional.

Reingeniería organizacional, reingeniería de procesos y, por ende, reingeniería presupuestal, en unión de un prudente ajuste del modelo de financiamiento político, parecieran rutas más promisorias para la disminución de costo de nuestra democracia, antes que el cercenamiento puramente numérico e intuitivo de montos presupuestales que podrían poner en riesgo los importantes, pero siempre vulnerables, avances democráticos que ha tomado décadas lograr.

 

*Profesor UAM-I
*@jsc_santiago
www.javiersantiagocastillo.com

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